¿Qué enferma primero, el cuerpo o el alma?
El alma no puede enfermar, porque es lo que hay perfecto en ti, el alma evoluciona, aprende. En realidad, buena parte de las enfermedades son todo lo contrario: son la resistencia del cuerpo emocional y mental al alma. Cuando nuestra personalidad se resiste al designio del alma es cuando enfermamos.
La Salud y Las Emociones
¿Hay emociones perjudiciales para la salud? ¿Cuáles son las que más nos perjudican?
Un 70 por ciento de las enfermedades del ser humano vienen del campo de conciencia emocional.
Las enfermedades muchas veces proceden de emociones no procesadas, no expresadas, reprimidas.
El temor, que es la ausencia de amor, es la gran enfermedad, el común denominador de buena parte de las enfermedades que hoy tenemos. Cuando el temor se queda congelado afecta al riñón, a las glándulas suprarrenales, a los huesos, a la energía vital, y puede convertirse en pánico.
¿Nos hacemos los fuertes y descuidamos nuestra salud?
De héroes están llenos los cementerios. Te tienes que cuidar.
Tienes tus límites, no vayas más allá. Tienes que reconocer cuáles son tus límites y superarlos porque si no los reconoces, vas a destruir tu cuerpo.
¿Cómo nos afecta la ira?
La ira es santa, es sagrada, es una emoción positiva porque te lleva a la autoafirmación, a la búsqueda de tu territorio, a defender lo que es tuyo, lo que es justo. Pero cuando la ira se vuelve irritabilidad, agresividad, resentimiento, odio, se vuelve contra ti, y afecta al hígado, la digestión, el sistema inmunológico.
¿La alegría por el contrario nos ayuda a estar sanos?
La alegría es la más bella de las emociones porque es la emoción de la inocencia, del corazón, y es la más sanadora de todas, porque no es contraria a ninguna otra. Un poquito de tristeza con alegría escribe poemas. La alegría con miedo nos lleva a contextualizar el miedo y a no darle tanta importancia.
¿La alegría suaviza el ánimo?
Sí, la alegría suaviza todas las otras emociones porque nos permite procesarlas desde la inocencia. La alegría pone al resto de las emociones en contacto con el corazón y les da un sentido ascendente. Las canaliza para que lleguen al mundo de la mente.
¿Y la tristeza?
La tristeza es un sentimiento que puede llevarte a la depresión cuando te envuelves en ella y no la expresas, pero también puede ayudarte. La tristeza te lleva a contactar contigo mismo y a restaurar el control interno. Todas las emociones negativas tienen su propio aspecto positivo, las hacemos negativas cuando las reprimimos.
¿Es mejor aceptar esas emociones que consideramos negativas como parte de uno mismo?
Como parte para transformarlas, es decir, cuando se aceptan fluyen, y ya no se estancan, y se pueden transmutar. Tenemos que canalizarlas para que lleguen desde el corazón hasta la cabeza.
¡Qué difícil! Sí, es muy difícil. Realmente las emociones básicas son el amor y el temor (que es ausencia de amor), así que todo lo que existe es amor, por exceso o defecto. Constructivo o destructivo. Porque también existe el amor que se aferra, el amor que sobreprotege, el amor tóxico, destructivo.
¿Cómo prevenir la enfermedad?
Somos creadores, así que yo creo que la mejor forma es creando salud. Y si creamos salud no tendremos ni que prevenir la enfermedad ni que atacarla, porque seremos salud.
¿Y si aparece la enfermedad?
Pues tendremos que aceptarla porque somos humanos. También enfermó Krishnamurti de un cáncer de páncreas y no era nadie que llevara una vida desordenada. Mucha gente muy valiosa espiritualmente ha enfermado. Debemos explicarlo para aquellos que creen que enfermar es fracasar. El fracaso y el éxito son dos maestros, pero nada más. Y cuando tú eres el aprendiz, tienes que aceptar e incorporar la lección de la enfermedad en tu vida. Cada vez más personas sufren ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de vacío, que a veces se vuelve un hueco en el estómago, una sensación de falta de aire. Es un vacío existencial que surge cuando buscamos fuera en lugar de buscar dentro. Surge cuando buscamos en los acontecimientos externos, cuando buscamos muletas, apoyos externos, cuando no tenemos la solidez de la búsqueda interior. Si no aceptamos la soledad y no nos convertimos en nuestra propia compañía, vamos a experimentar ese vacío y vamos a intentar llenarlo con cosas y posesiones. Pero como no se puede llenar con cosas, cada vez el vacío aumenta.
¿Y qué podemos hacer para liberarnos de esa angustia?
La angustia no se puede pasar comiendo chocolate, o con más calorías, o buscando un príncipe azul afuera. La angustia se pasa cuando entras en tu interior, te aceptas como eres y te reconcilias contigo mismo. La angustia viene de que no somos lo que queremos ser, pero tampoco lo que somos, entonces estamos en el "debería ser", y no somos ni lo uno ni lo otro.
El estrés es otro de los males de nuestra época. El estrés viene de la competitividad, de que quiero ser perfecto, quiero ser mejor, de que quiero dar una nota que no es la mía, de que quiero imitar. Y realmente sólo se puede competir cuando decides ser tu propia competencia, es decir, cuando quieres ser único, original, auténtico, no una fotocopia de nadie. El estrés destructivo perjudica el sistema inmunológico. Pero un buen estrés es una maravilla, porque te permite estar alerta y despierto en las crisis, y poder aprovecharlas como una oportunidad para emerger a un nuevo nivel de conciencia.
¿Qué nos recomendaría para sentirnos mejor con nosotros mismos?
La soledad. Estar con uno mismo cada día es maravilloso. Estar 20 minutos con uno mismo es el comienzo de la meditación; es tender un puente hacia la verdadera salud; es acceder al altar interior, al ser interior.
Mi recomendación es que la gente ponga su despertador 20 minutos antes para no robarle tiempo a sus ocupaciones. Si dedicas, no el tiempo que te sobra, sino esos primeros minutos de la mañana, cuando estás fresco y descansado, a meditar, esa pausa te va a recargar, porque en la pausa habita el potencial del alma.
¿Qué es para usted la felicidad?
Es la esencia de la vida. Es el sentido mismo de la vida, encarnamos para ser felices, no para otra cosa. Pero la felicidad no es placer, es integridad. Cuando todos los sentidos se consagran al ser, podemos ser felices. Somos felices cuando creemos en nosotros, cuando confiamos en nosotros, cuando nos encomendamos transpersonalmente a un nivel que trasciende el pequeño yo o el pequeño ego. Somos felices cuando tenemos un sentido que va más allá de la vida cotidiana, cuando no aplazamos la vida, cuando no nos desplazamos a nosotros mismos, cuando estamos en paz y a salvo con la vida y con nuestra conciencia.
Vivir el Presente
¿Es importante vivir en el presente? ¿Cómo lograrlo?
Dejamos ir el pasado y no hipotecamos la vida a las expectativas de futuro cuando nos volcamos en el ser y no en el tener. Yo me digo que la felicidad tiene que ver con la realización, y ésta con la capacidad de habitar la realidad. Y vivir en realidad es salir del mundo de la confusión.
¿Tan confundidos estamos, en su opinión?
Tenemos tres ilusiones enormes que nos confunden. Primero creemos que somos un cuerpo y no un alma, cuando el cuerpo es el instrumento de la vida y se acaba con la muerte. Segundo, creemos que el sentido de la vida es el placer; pero a más placer no hay más felicidad, sino más dependencia. Placer y felicidad no es lo mismo. Hay que consagrar el placer a la vida y no la vida al placer. La tercera ilusión es el poder; creemos tener el poder infinito de vivir.
¿Y qué necesitamos realmente para vivir?, ¿acaso el amor?
El amor, tan traído y tan llevado, y tan calumniado, es una fuerza renovadora.
El amor es magnífico porque crea cohesión. En el amor todo está vivo, como un río que se renueva a sí mismo. En el amor siempre uno puede renovarse, porque todo lo ordena. En el amor no hay usurpación, no hay desplazamiento, no hay miedo, no hay resentimiento, porque cuando tú te ordenas porque vives el amor, cada cosa ocupa su lugar, y entonces se restaura la armonía. Ahora, desde la perspectiva humana, lo asimilamos con la debilidad, pero el amor no es débil. Nos debilita cuando entendemos que alguien a quien amamos no nos ama.
Hay una gran confusión en nuestra cultura. Creemos que sufrimos por amor, que nuestras catástrofes son por amor. pero no es por amor, es por enamoramiento, que es una variedad del apego. Eso que llamamos habitualmente amor es una droga. Igual que se depende de la cocaína, la marihuana o la morfina, también se depende del enamoramiento. Es una muleta para apoyarse, en vez de llevar a alguien en mi corazón para liberarlo y liberarme. El verdadero amor tiene una esencia fundamental que es la libertad, y siempre conduce a la libertad. Pero a veces nos sentimos atados a un amor. Si el amor conduce a la dependencia es eros. Eros es un fósforo, y cuando lo enciendes se te consume rápidamente, en dos minutos ya te quemas el dedo. Hay muchos amores que son así, pura chispa. Aunque esa chispa puede servir para encender el leño del verdadero amor. Cuando el leño está encendido produce el fuego. Ese es el amor impersonal, que produce luz y calor.
¿Puede darnos algún consejo para alcanzar el amor verdadero?
Solamente la verdad. Confía en la verdad; no tienes que ser como la princesa de los sueños del otro, no tienes que ser ni más ni menos de lo que eres. Tienes un derecho sagrado, que es el derecho a equivocarte; tienes otro, que es el derecho a perdonar, porque el error es tu maestro. Ámate, sincérate y considérate.. Si tú no te quieres, no vas a encontrar a nadie que te pueda querer. El amor produce amor. Si te amas, vas a encontrar el amor. Si no, vacío. Pero nunca busques una migaja; eso es indigno de ti. La clave entonces es amarse a sí mismo. Y al prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, no amas a Dios, ni a tu hijo, porque te estás apegando, estás condicionando al otro. Acéptate como eres; lo que no aceptamos no lo podemos transformar, y la vida es una corriente de transformación permanente.
jueves, 15 de julio de 2010
Argentina, país pionero en permitir el matrimonio homosexual en Latinoamérica
Con la aprobación en el Senado argentino de la ley que autoriza el matrimonio homosexual, Argentina se convierte en el primer país de Latinoamérica que permite que se celebren bodas entre personas del mismo sexo en todo su territorio.
La nueva ley, aprobada con 33 votos a favor y 27 en contra, además de tres abstenciones, ha estado precedida de una tensa polémica que ha calado en la sociedad argentina y que ha enfrentado al Gobierno de Cristina Fernández, partidario de las bodas gay, con la oposición, que pide que se limite el reconocimiento legal a la unión civil, y la Iglesia católica.
Hasta el momento, sólo cuatro ciudades argentinas reconocían la unión civil entre parejas del mismo sexo, aunque desde diciembre se han celebrado nueve matrimonios homosexuales gracias a habilitaciones judiciales, aunque algunos fueron posteriormente anulados. El primer antecedente a la norma debatida en el Senado fue la Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires, promulgada en 2002.
En el contexto americano, Argentina se une a Canadá en la avanzadilla de países que reconocen los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), en un continente más reacio que Europa a la hora de conceder libertades sociales a estos colectivos. Mientras que las parejas de gays y lesbianas ya pueden casarse en el territorio íntegro de países como Holanda, España, Bélgica, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal, en América, sólo las legislaciones de Canadá y Argentina ofrecen esta posibilidad.
Canadá legalizó las bodas gay en julio de 2005 y se convirtió en el cuarto país del mundo y el primero del continente americano en aprobar esta iniciativa, aunque los derechos relativos a la adopción, pensiones o beneficios sociales varían según la provincia. En México, los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales únicamente en el Distrito Federal, la capital, donde la ley entró en vigor el pasado 4 de marzo y además se aprobó la adopción.
Batalla en EEUU
La batalla en Estados Unidos no se libra a nivel nacional, sino en los estados, que en su mayoría cuentan con leyes que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. No obstante, en los últimos años se han producido cambios importantes, especialmente después de que el estado de Massachusetts legalizara las uniones gay en 2003. A él se unieron Vermont, New Hampshire, Connecticut y Iowa, además de Washington DC y California, donde en 2008 y durante unos meses las bodas fueron legales hasta que los votantes aprobaron en noviembre de ese año una enmienda constitucional, conocida como Proposición 8, que revirtió este dictamen.
Hacia la equiparación de garantías civiles entre heterosexuales y homosexuales caminan Uruguay y Chile, donde el Gobierno de Sebastián Piñera prepara un proyecto que daría cabida a todo tipo de parejas, con el fin de regular asuntos patrimoniales, de sanidad y de pensiones. Piñera incluyó la propuesta en sus promesas de campaña, cuando se comprometió a proteger todas las formas de familia, aunque matizó que la unión civil no equivaldría en ningún caso al matrimonio.
Por su parte, los homosexuales en Uruguay pueden registrarse como pareja ante las autoridades y adoptar niños, según una ley aprobada en el Senado en septiembre de 2009, pero no pueden casarse. Desde 2008, la ley iguala los derechos y obligaciones del matrimonio a los de las parejas (heterosexuales u homosexuales) con más de cinco años de convivencia, incluyendo asistencia recíproca, sociedad de bienes, los derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones relativas a la seguridad social.
A pesar de que la unión de los homosexuales no está permitida en Brasil, donde entre 1995 y 2001 han naufragado varias iniciativas legislativas que aspiraban a abordar el tema, la Justicia sí les ha reconocido derechos. En una decisión que sentó jurisprudencia, el Superior Tribunal de Justicia permitió el pasado abril que una pareja de mujeres comparta la custodia de dos niñas que había adoptado una de ellas.
Centroamérica y el Caribe
En la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe se concibe el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer y no existen iniciativas legales ni sociales para equiparar derechos entre personas de todas las tendencias sexuales. Es el caso de República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Puerto Rico, y los andinos Venezuela y Ecuador.
Otras naciones, como Colombia, no reconocen el derecho al matrimonio pero sí ofrecen garantías civiles, como el cobro de la pensión de jubilación en caso de viudedad. En Perú, el asunto llega a la arena política por las propuestas del escritor Jaime Bayly y la iniciativa del contrato de patrimonio entre personas de mismo sexo del congresista Carlos Bruce. Este legislador se ha mostrado a favor de los matrimonios del mismo sexo, pero reconoció en febrero pasado que el debate no será posible en años "debido a la hipocresía, desinformación, prejuicios, fobias y gente profundamente religiosa que no lo aprobaría".
Bolivia tampoco cuenta con una ley que permita las bodas gay, sin embargo, la Fundación Libertad, que reúne al colectivo LGBT, ha informado de que se prepara un proyecto de Ley del Concubinato que será entregado antes de fin de año, primero al Ministerio de Justicia y después al Congreso.
También activistas homosexuales y un grupo de diputados impulsan en Costa Rica un proyecto de ley llamado Sociedades de Convivencia para garantizar derechos civiles, mientras que en 2006 en Cuba se presentó una propuesta que incluye una reforma al Código de Familia (vigente desde 1975) para el reconocimiento de la figura de la "unión legal" que no ha llegado a prosperar. En Paraguay no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que los grupos de gays piden con mayor fuerza, sobre todo tras el reciente rechazo en el Congreso de un proyecto que veta el ingreso de homosexuales declarados en la Fuerza Pública (militares y policías).
La nueva ley, aprobada con 33 votos a favor y 27 en contra, además de tres abstenciones, ha estado precedida de una tensa polémica que ha calado en la sociedad argentina y que ha enfrentado al Gobierno de Cristina Fernández, partidario de las bodas gay, con la oposición, que pide que se limite el reconocimiento legal a la unión civil, y la Iglesia católica.
Hasta el momento, sólo cuatro ciudades argentinas reconocían la unión civil entre parejas del mismo sexo, aunque desde diciembre se han celebrado nueve matrimonios homosexuales gracias a habilitaciones judiciales, aunque algunos fueron posteriormente anulados. El primer antecedente a la norma debatida en el Senado fue la Ley de Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires, promulgada en 2002.
En el contexto americano, Argentina se une a Canadá en la avanzadilla de países que reconocen los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), en un continente más reacio que Europa a la hora de conceder libertades sociales a estos colectivos. Mientras que las parejas de gays y lesbianas ya pueden casarse en el territorio íntegro de países como Holanda, España, Bélgica, Sudáfrica, Noruega, Suecia y Portugal, en América, sólo las legislaciones de Canadá y Argentina ofrecen esta posibilidad.
Canadá legalizó las bodas gay en julio de 2005 y se convirtió en el cuarto país del mundo y el primero del continente americano en aprobar esta iniciativa, aunque los derechos relativos a la adopción, pensiones o beneficios sociales varían según la provincia. En México, los matrimonios entre personas del mismo sexo son legales únicamente en el Distrito Federal, la capital, donde la ley entró en vigor el pasado 4 de marzo y además se aprobó la adopción.
Batalla en EEUU
La batalla en Estados Unidos no se libra a nivel nacional, sino en los estados, que en su mayoría cuentan con leyes que definen el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. No obstante, en los últimos años se han producido cambios importantes, especialmente después de que el estado de Massachusetts legalizara las uniones gay en 2003. A él se unieron Vermont, New Hampshire, Connecticut y Iowa, además de Washington DC y California, donde en 2008 y durante unos meses las bodas fueron legales hasta que los votantes aprobaron en noviembre de ese año una enmienda constitucional, conocida como Proposición 8, que revirtió este dictamen.
Hacia la equiparación de garantías civiles entre heterosexuales y homosexuales caminan Uruguay y Chile, donde el Gobierno de Sebastián Piñera prepara un proyecto que daría cabida a todo tipo de parejas, con el fin de regular asuntos patrimoniales, de sanidad y de pensiones. Piñera incluyó la propuesta en sus promesas de campaña, cuando se comprometió a proteger todas las formas de familia, aunque matizó que la unión civil no equivaldría en ningún caso al matrimonio.
Por su parte, los homosexuales en Uruguay pueden registrarse como pareja ante las autoridades y adoptar niños, según una ley aprobada en el Senado en septiembre de 2009, pero no pueden casarse. Desde 2008, la ley iguala los derechos y obligaciones del matrimonio a los de las parejas (heterosexuales u homosexuales) con más de cinco años de convivencia, incluyendo asistencia recíproca, sociedad de bienes, los derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones relativas a la seguridad social.
A pesar de que la unión de los homosexuales no está permitida en Brasil, donde entre 1995 y 2001 han naufragado varias iniciativas legislativas que aspiraban a abordar el tema, la Justicia sí les ha reconocido derechos. En una decisión que sentó jurisprudencia, el Superior Tribunal de Justicia permitió el pasado abril que una pareja de mujeres comparta la custodia de dos niñas que había adoptado una de ellas.
Centroamérica y el Caribe
En la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe se concibe el matrimonio exclusivamente como la unión entre un hombre y una mujer y no existen iniciativas legales ni sociales para equiparar derechos entre personas de todas las tendencias sexuales. Es el caso de República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Puerto Rico, y los andinos Venezuela y Ecuador.
Otras naciones, como Colombia, no reconocen el derecho al matrimonio pero sí ofrecen garantías civiles, como el cobro de la pensión de jubilación en caso de viudedad. En Perú, el asunto llega a la arena política por las propuestas del escritor Jaime Bayly y la iniciativa del contrato de patrimonio entre personas de mismo sexo del congresista Carlos Bruce. Este legislador se ha mostrado a favor de los matrimonios del mismo sexo, pero reconoció en febrero pasado que el debate no será posible en años "debido a la hipocresía, desinformación, prejuicios, fobias y gente profundamente religiosa que no lo aprobaría".
Bolivia tampoco cuenta con una ley que permita las bodas gay, sin embargo, la Fundación Libertad, que reúne al colectivo LGBT, ha informado de que se prepara un proyecto de Ley del Concubinato que será entregado antes de fin de año, primero al Ministerio de Justicia y después al Congreso.
También activistas homosexuales y un grupo de diputados impulsan en Costa Rica un proyecto de ley llamado Sociedades de Convivencia para garantizar derechos civiles, mientras que en 2006 en Cuba se presentó una propuesta que incluye una reforma al Código de Familia (vigente desde 1975) para el reconocimiento de la figura de la "unión legal" que no ha llegado a prosperar. En Paraguay no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que los grupos de gays piden con mayor fuerza, sobre todo tras el reciente rechazo en el Congreso de un proyecto que veta el ingreso de homosexuales declarados en la Fuerza Pública (militares y policías).
jueves, 1 de julio de 2010
Vicenç Navarro: "Por qué no una banca pública?"
El artículo señala el movimiento popular existente en EEUU a favor del establecimiento de bancos públicos (tanto a nivel estatal como federal), lo cual explica que varios parlamentos estatales hayan propuesto que se creen tales instituciones para facilitar la provisión de crédito. El origen de este movimiento se basa en el enorme desprestigio de la banca privada y en los buenos resultados que han tenido los bancos públicos en varios estados que pudieron capear mejor la crisis consecuencia de tener bancos públicos en sus territorios. El artículo señala que con las cantidades gastadas en ayudar a la banca privada, el estado (tanto en EEUU como en España) debiera haber establecido bancos públicos.
Una noticia que seguro Ud. no habrá leído en los mayores medios de información del país es la del movimiento que está ocurriendo en EEUU (centro de la crisis financiera), que goza de gran apoyo popular, que propone la creación de bancas públicas, tanto a nivel estatal como federal. En parte, ello se debe al enorme descrédito que la banca privada tiene en aquel país. Según las últimas encuestas, los bancos están entre las instituciones menos valoradas en la sociedad estadounidense. A pesar de las enormes cantidades de fondos públicos que los bancos han recibido, todavía hoy es difícil para las pequeñas y medianas empresas, así como para la mayoría de la ciudadanía, conseguir crédito bancario. En lugar de utilizar los fondos públicos para cumplir esta función social (el ofrecimiento de crédito), los grandes bancos han utilizado tales fondos para continuar con sus comportamientos especulativos (que causaron la crisis financiera) y para incrementar todavía más los salarios y bonos de sus directivos. Como consecuencia, la hostilidad de la población hacia los bancos se ha acentuado todavía más.
Pero la otra razón de que haya un número creciente de representantes políticos que, presionados por la opinión popular, estén proponiendo crear una banca pública es la experiencia positiva de la banca pública en aquellos estados que tienen bancos estatales públicos. De ellos el más conocido es el Banco Estatal del estado de North Dakota, fundado hace noventa y un años, cuyo capital inicial se basó en los impuestos y tasas estatales que continúan siendo la fuente principal de aquel banco. Según sus reglas internas, tal banco estatal tiene prohibido realizar inversiones en actividades especulativas, exigiéndosele, además, que invierta en el propio estado de North Dakota. Ha sido uno de los bancos más solventes y menos afectados por la crisis financiera que sufre el país. Y también uno de los pocos bancos que previno la burbuja inmobiliaria, evitando las hipotecas basura (subprime mortgages) en su práctica bancaria. Tal como escribe Ellen Brown en su libro Web of Debt, tal banco público es responsable de que aquel Estado no haya sufrido la escasez de crédito que han sufrido la mayoría de estados en EEUU.
Ello explica que muchos otros estados están pensando en constituir bancos públicos similares. Ha aparecido, así, una ola de propuestas en los parlamentos estatales de varios estados (Vermont, Virginia, Michigan, Washington State), que proponen el establecimiento de bancos estatales públicos. Todas estás propuestas responden al hartazgo de la población hacia el sistema bancario actual y la utilización de fondos públicos para salvarlo. Reproduciendo el mismo enfado general, varios parlamentos estatales han prohibido que los fondos del estado se inviertan en bancos de inversión (Investments Banks) que consiguen sus beneficios a base de inversiones especulativas que ponen en riesgo los fondos públicos.
Y otro dato importante, que tampoco habrá leído en los mayores medios de información y persuasión españoles es que se empiezan a escuchar voces en EEUU que están pidiendo también que se establezca un banco público, voces que están encontrando una gran receptividad en la calle, e incluso en algunos sectores del Congreso (que no han sido captados todavía por los lobbies de la Banca). Entre estas voces está la del Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, que en un artículo reciente en la revista The Nation indicaba que los 700.000 millones de dólares que se gastaron para ayudar a la banca, debieran haberse utilizado en establecer una banca pública, evitando así que EEUU tuviera el enorme problema de crédito que tiene hoy. Según Joseph Stiglitz este dinero podría haber supuesto la creación de un Banco Público, a partir del cual podría haberse alcanzado una actividad crediticia de 7.000 millones de dólares (siguiendo el criterio de seguridad de 1 a 10, incluso más conservador que el de 1 a 30 que ha sido la práctica bancaria generalizada). Tal cantidad significa una capacidad mucho mayor que la que hoy necesita el país. Concluía Stiglitz, en su artículo, que la ayuda a la banca no había sido, en realidad, una medida para facilitar el crédito, sino una intervención pública con el objetivo primordial de salvar a los banqueros y a los accionistas.
Estas noticias que Ud. no habrá leído en los mayores medios de información y persuasión españoles son muy relevantes para España también, pues la misma pregunta debiera hacerse en nuestro país. ¿Por qué el gobierno español ha invertido tanto dinero en salvar a la banca, con tan pocos resultados en facilitar el crédito? La población, así como los medianos y pequeños empresarios (los empresarios que crean más empleo en el sector privado en España), tienen enormes dificultades en conseguir crédito y ello a pesar de que el gobierno ha invertido enormes cantidades en ayuda a los bancos. Hubiera sido una medida mucho más eficaz y equitativa si el Estado español (con el dinero invertido en ayudar a los banqueros y a sus accionistas) hubiera creado un banco público, tal como, me consta, el Sr. Stiglitz sugirió a las autoridades españolas sin que, por lo visto, tuviera ninguna respuesta.
Y el hecho de que no lo hicieran es, una vez más, consecuencia del gran poder de la banca en España (el poder fáctico de mayor fuerza en nuestro país), liderado por el Banco de España, cuyo gobernador (nombrado por el gobierno socialista) es el máximo exponente del pensamiento liberal, pensamiento que ha causado la enorme crisis actual, y todavía hoy domina la cultura económica del país. La nacionalización de la banca o la creación de una banca pública es uno de los grandes tabúes, de los muchos que hay en la cultura política y mediática del país, que debiera desaparecer para permitir un auténtico debate sobre la situación bancaria en España, que, en contra de lo que promueve la sabiduría convencional en el país, necesita realizar cambios muy sustanciales en sus sistemas de propiedad, de gobierno y de funciones.
Una noticia que seguro Ud. no habrá leído en los mayores medios de información del país es la del movimiento que está ocurriendo en EEUU (centro de la crisis financiera), que goza de gran apoyo popular, que propone la creación de bancas públicas, tanto a nivel estatal como federal. En parte, ello se debe al enorme descrédito que la banca privada tiene en aquel país. Según las últimas encuestas, los bancos están entre las instituciones menos valoradas en la sociedad estadounidense. A pesar de las enormes cantidades de fondos públicos que los bancos han recibido, todavía hoy es difícil para las pequeñas y medianas empresas, así como para la mayoría de la ciudadanía, conseguir crédito bancario. En lugar de utilizar los fondos públicos para cumplir esta función social (el ofrecimiento de crédito), los grandes bancos han utilizado tales fondos para continuar con sus comportamientos especulativos (que causaron la crisis financiera) y para incrementar todavía más los salarios y bonos de sus directivos. Como consecuencia, la hostilidad de la población hacia los bancos se ha acentuado todavía más.
Pero la otra razón de que haya un número creciente de representantes políticos que, presionados por la opinión popular, estén proponiendo crear una banca pública es la experiencia positiva de la banca pública en aquellos estados que tienen bancos estatales públicos. De ellos el más conocido es el Banco Estatal del estado de North Dakota, fundado hace noventa y un años, cuyo capital inicial se basó en los impuestos y tasas estatales que continúan siendo la fuente principal de aquel banco. Según sus reglas internas, tal banco estatal tiene prohibido realizar inversiones en actividades especulativas, exigiéndosele, además, que invierta en el propio estado de North Dakota. Ha sido uno de los bancos más solventes y menos afectados por la crisis financiera que sufre el país. Y también uno de los pocos bancos que previno la burbuja inmobiliaria, evitando las hipotecas basura (subprime mortgages) en su práctica bancaria. Tal como escribe Ellen Brown en su libro Web of Debt, tal banco público es responsable de que aquel Estado no haya sufrido la escasez de crédito que han sufrido la mayoría de estados en EEUU.
Ello explica que muchos otros estados están pensando en constituir bancos públicos similares. Ha aparecido, así, una ola de propuestas en los parlamentos estatales de varios estados (Vermont, Virginia, Michigan, Washington State), que proponen el establecimiento de bancos estatales públicos. Todas estás propuestas responden al hartazgo de la población hacia el sistema bancario actual y la utilización de fondos públicos para salvarlo. Reproduciendo el mismo enfado general, varios parlamentos estatales han prohibido que los fondos del estado se inviertan en bancos de inversión (Investments Banks) que consiguen sus beneficios a base de inversiones especulativas que ponen en riesgo los fondos públicos.
Y otro dato importante, que tampoco habrá leído en los mayores medios de información y persuasión españoles es que se empiezan a escuchar voces en EEUU que están pidiendo también que se establezca un banco público, voces que están encontrando una gran receptividad en la calle, e incluso en algunos sectores del Congreso (que no han sido captados todavía por los lobbies de la Banca). Entre estas voces está la del Premio Nóbel de Economía, Joseph Stiglitz, que en un artículo reciente en la revista The Nation indicaba que los 700.000 millones de dólares que se gastaron para ayudar a la banca, debieran haberse utilizado en establecer una banca pública, evitando así que EEUU tuviera el enorme problema de crédito que tiene hoy. Según Joseph Stiglitz este dinero podría haber supuesto la creación de un Banco Público, a partir del cual podría haberse alcanzado una actividad crediticia de 7.000 millones de dólares (siguiendo el criterio de seguridad de 1 a 10, incluso más conservador que el de 1 a 30 que ha sido la práctica bancaria generalizada). Tal cantidad significa una capacidad mucho mayor que la que hoy necesita el país. Concluía Stiglitz, en su artículo, que la ayuda a la banca no había sido, en realidad, una medida para facilitar el crédito, sino una intervención pública con el objetivo primordial de salvar a los banqueros y a los accionistas.
Estas noticias que Ud. no habrá leído en los mayores medios de información y persuasión españoles son muy relevantes para España también, pues la misma pregunta debiera hacerse en nuestro país. ¿Por qué el gobierno español ha invertido tanto dinero en salvar a la banca, con tan pocos resultados en facilitar el crédito? La población, así como los medianos y pequeños empresarios (los empresarios que crean más empleo en el sector privado en España), tienen enormes dificultades en conseguir crédito y ello a pesar de que el gobierno ha invertido enormes cantidades en ayuda a los bancos. Hubiera sido una medida mucho más eficaz y equitativa si el Estado español (con el dinero invertido en ayudar a los banqueros y a sus accionistas) hubiera creado un banco público, tal como, me consta, el Sr. Stiglitz sugirió a las autoridades españolas sin que, por lo visto, tuviera ninguna respuesta.
Y el hecho de que no lo hicieran es, una vez más, consecuencia del gran poder de la banca en España (el poder fáctico de mayor fuerza en nuestro país), liderado por el Banco de España, cuyo gobernador (nombrado por el gobierno socialista) es el máximo exponente del pensamiento liberal, pensamiento que ha causado la enorme crisis actual, y todavía hoy domina la cultura económica del país. La nacionalización de la banca o la creación de una banca pública es uno de los grandes tabúes, de los muchos que hay en la cultura política y mediática del país, que debiera desaparecer para permitir un auténtico debate sobre la situación bancaria en España, que, en contra de lo que promueve la sabiduría convencional en el país, necesita realizar cambios muy sustanciales en sus sistemas de propiedad, de gobierno y de funciones.
miércoles, 16 de junio de 2010
Sao Paulo: Alternativas para superar la violencia económica
“En síntesis, este planeta cuenta con recursos suficientes para asegurar el bienestar de todos los seres humanos, y hay un modo de organizarse para que ello ocurra. Pero es condición necesaria ir disolviendo y desarticulando el poder de la especulación financiera, desconcentrar el capital y encauzarlo hacia la producción. El mundo empezará a comprender que la existencia del monstruo especulativo y usurero, es incompatible con la existencia de de la vida humana, no hay lugar para los dos en este mundo y ya sabemos quien está de más”. Continúa...
11/06/2010. Guillermo Sullings, Secretario General del Partido Humanista Internacional. Intervención en la Cámara Municipal de Sao Paulo, conferencia “Alternativas para superar la violencia económica”. “Ya es un tema recurrente el de la regresiva distribución de la riqueza en el mundo, como la principal fuente de violencia económica. Una monstruosa inequidad generada por la creciente apropiación del ingreso por parte del capital, por la explotación de los asalariados, y sobre todo por la progresiva exclusión de miles de millones de personas del mercado laboral.
Pero no porque el tema sea recurrente y archiconocido vamos a obviar mencionar algunas cifras que nos permitan dar contundencia al diagnóstico, y a la vez derivar en las verdaderas causas y descartar falsas soluciones.
De acuerdo al último estudio de la ONU-WIDER (Word Institute for Development Economics of the United Nations University), podemos ver algunos datos significativos.
-El 2 % de los adultos más ricos del mundo posee más de la mitad de la riqueza global de los hogares. Mientras que el 10 % posee el 85 %.
-El 90 % de la riqueza se concentra en Norteamérica, Europa y países de altos ingresos de Asia-Pacífico. Norteamérica posee el 34 % de la riqueza, siendo que solo tiene el 6 % de la población adulta, Europa posee el 30 %, entre Japón, Korea, Taiwan y Australia el 24 %, Latinoamérica 4 %, China 3 %, resto de Asia-Pacífico 3 % , Africa 1 % e India 1 %.
-¿Dónde vive el 10 % más rico?, el 24,9 % en USA, el 20,5 % en Japón, el 7,6 % en Alemania, el 6,6 % en Italia, el 5,9 % en Reino Unido, el 4,2 % en Francia, 3,9 % en España, y siguen Canadá, Australia, Taiwan, Korea, y Países Bajos, antes de que aparezcamos los latinoamericanos, con Brasil, México y Argentina apenas superando el 1 % en cada caso.
-Claro que si se trata de saber ahora donde vive el 1 % más rico del planeta, se reducen los países con tales miembros, ya que el 75 % está entre USA, Japón, Reino Unido y Francia.
Y si bien esto da una pauta de la distribución de la riqueza por países, cabe aclarar que a su vez dentro de los países, y sobre todo en los países más pobres, la distribución del ingreso entre sus habitantes es aún peor. Por ejemplo, la relación entre el 10 % de la población que más gana, con respecto al 10 % que menos gana, es de 5 veces en Japón, 9 veces en Francia, 16 veces en USA, 21 veces en Venezuela, 35 veces en Argentina, 40 veces en Chile y 58 veces en Brasil.
Pero esto no es todo, porque cuando se habla del 10 % que más gana en la población, se podría pensar que se está hablando de gente muy adinerada; sin embargo, en varios países latinoamericanos, se puede “ingresar al club” del 10 % que más gana, con menos de 1.000 dólares mensuales. Porque como bien se graficara en “la curva de los enanos de Pen”, los grandes ingresos recién aparecen entre el último 2 % de la población, por lo que la estadística desagregada por deciles suele ser engañosa. Y todo esto es muy importante a la hora de estudiar la forma de redistribuir el ingreso.
En definitiva, un panorama desolador, con la mitad de la población mundial obligada a subsistir con 2 dólares diarios, y muchos con menos.
Las causas
Hace exactamente 10 años, cuando publicamos la primera edición del libro “Más allá del Capitalismo, Economía Mixta”, hablábamos de las causas intrínsecas a la mecánica propia del capitalismo liberal, que llevaban a la acumulación y concentración de la riqueza. Y mencionábamos, en el capítulo dedicado a la economía liberal, como el desequilibrio de fuerzas en el mercado genera un círculo vicioso donde nada tiende al equilibrio, sino más bien a la acumulación y a la concentración, ya que quienes acumulan riqueza no solo disfrutan de la misma, sino que ella les da el poder necesario para imponer las condiciones que favorezcan la aceleración de esa acumulación. Desde luego que cuando hablamos de poder económico, no nos referimos sólo a la capacidad para poner reglas de juego en el mercado, sino también en la política, esterilizando así cualquier posibilidad de que el Estado pueda compensar las cargas para equilibrar las cosas. Señalamos también como esa desproporcionada acumulación de ganancia no se reinvierte en la economía real, para generar nuevas fuentes de trabajo, sino que por el contrario se desvía hacia la especulación financiera y la usura.
Hace 10 años, cuando todo eso decíamos, el mundo aún vivía en la fiesta neoliberal del pensamiento único, que comenzara con la caída del comunismo. Poco después se fue haciendo evidente en nuestra Latinoamérica, que esa fiesta había terminado en desastre, y poco a poco los pueblos votaron por gobiernos más progresistas. Pero esto último no ha sido para nada suficiente. En primer lugar porque los gobiernos neoliberales dejaron una pesada herencia, con el debilitamiento del Estado, las privatizaciones, las ataduras jurídicas a los tribunales del CIADI, y la superlativa deuda externa. En segundo lugar, porque el resto del mundo aún seguía en esa fiesta neoliberal y presionaba ante cualquier intento de cambios profundos en nuestros países. Y en tercer lugar porque los intentos progresistas, más allá de la retórica, nunca pasaron del reformismo socialdemócrata y las políticas neokeynesianas, que por cierto significaron un alivio, comparadas con el desastre anterior, pero resultaron insuficientes para revertir los índices de pobreza y exclusión.
Hoy pareciera que el mundo todo se está replanteando los fundamentos del capitalismo liberal. Según palabras del premio nobel de economía, Joseph Stiglitz, “la caída de Wall Street es para el fundamentalismo de mercado lo que la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo”. Ese fue su comentario al referirse a la crisis financiera iniciada con la monstruosa especulación de las hipotecas basura que contagió a Europa, al punto tal que hoy está haciendo temblar a la Unión Europea toda.
Y hoy el mundo se replantea en parte al sistema económico y en particular al funcionamiento del sistema financiero. Pero esto ocurre porque la burbuja especulativa le estalló en la cara a la clase media, y por eso todos los medios hablan de la crisis. Pero los miles de millones de marginados de este mundo, ya estaban así antes de esta crisis, y sus padecimientos no ocupaban las primeras planas de los medios de comunicación. Así que tal vez sea hora de replantearse todo el sistema, porque si bien hoy podríamos afirmar que la especulación financiera es el demonio, esto es así porque el sistema capitalista liberal le dio vida y alimento, y porque varios millones de respetables ciudadanos estuvieron indiferentes mientras sus hermanos morían de hambre en las últimas décadas.
Así que entre las causas de la violencia económica generada por la creciente marginación y pobreza de las mayorías, no solamente hay variables económicas, sino fundamentalmente una cultura materialista y consumista, y una profunda contradicción entre los seres humanos.
Los objetivos y el camino hacia ellos
Así como dijimos que era casi innecesario explicar demasiado acerca de la situación de injusticia e inequidad económica que se viven en este mundo, porque la realidad cotidiana es bastante contundente. Así también podríamos suponer que los objetivos de una economía humanista, resulten también bastante obvios. Una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, con una justa distribución de la riqueza, que asegure a todos la alimentación, la vivienda, la salud y la educación, mediante un desarrollo sustentable que no destruya el planeta, seguramente que todo eso coincide con la aspiración de la mayoría. Pero así como nos pareció necesario comentar algunos datos referidos al diagnóstico, porque nos servirían también para buscar las soluciones descartando falsas opciones. También ahora podemos decir que si bien un “sistema económico ideal”, puede parecer obvio en muchos aspectos, tal vez haya otros aspectos que no resulten tan evidentes. Porque por ejemplo, cuando hablamos de una mejor distribución de la riqueza, no estamos sugiriendo la idea de un crecimiento exponencial del consumismo, abarcando a todos los habitantes, para que un 90 % de la población alcance al otro 10 % en su carrera desenfrenada por consumir. No se trata de que todos los seres humanos se vuelvan máquinas de consumir como hoy lo son los de ingresos medios y altos. Primero porque no sería sustentable en muchos aspectos, al menos con un solo planeta disponible, y segundo porque sería interesante que la estupidez humana fuera disminuyendo un poco, para dar otro sentido a la vida. Así que aspiramos a una sociedad con un importante cambio en el campo espiritual y cultural, donde la racionalidad, la sobriedad, y la reciprocidad, canalicen las fuerzas productivas de la economía hacia la resolución de las necesidades de la mayoría antes que a calmar la insaciable sed de consumo de unos pocos. Por lo tanto, algo habrá que ceder, algo habrá que resignar, alguien tendrá que compartir, muchos tendrán que comprender.
Antes decíamos que la clasificación del nivel de ingresos por deciles era engañosa, porque en el decil más alto, en el caso de algunos países, se incluían empleados con ingresos mensuales de menos de 1.000 dólares. O sea que recién en el 2 % de ingresos más altos empezábamos a encontrar a los más privilegiados. Y la pregunta que aquí surge es ¿a qué tasa habría que gravar la renta de ese 2 % si se quisiera redistribuir el ingreso por vía tributaria? Seguramente a una tasa tan elevada que resultaría confiscatoria. De allí la creciente limitación de las políticas socialdemócratas y neokeynesianas, en la medida que la riqueza se concentra cada vez más. Y además pensemos que en el mundo, el 2 % de adultos con mayores ingresos y mayor riqueza, no son 4 malvados solitarios, sino que son cerca de 80 millones de personas; y entre toda esa gente hay muchos empresarios, políticos, jueces, banqueros, formadores de opinión, dueños de medios, militares, artistas, etc. Mucha gente con mucho poder, con capacidad mediática, con recursos para poder imponer las reglas. Entonces, no es tan sencilla la decisión política de redistribuir el ingreso, porque aunque un gobierno tenga el respaldo de la mayoría que quiere mejorar su situación, el poder de desestabilización que tiene ese 2 % es mucho, porque además puede convencer fácilmente al otro 10 % que le sigue en la pirámide, de que mejor es dejar todo como está en materia de economía.
Estas limitaciones están presentes o copresentes en los gobernantes y en la misma gente, están internalizadas, y muchas veces operan como autocensura a la hora de imaginar transformaciones profundas, dejándonos siempre en la poquedad del reformismo.
Hay que saltar sobre esta autocensura y atreverse a imaginar los cambios profundos y estructurales al sistema, como la única manera de revertir la violencia económica. Y a la tremenda fuerza que se opone a los cambios, hay que enfrentarla con inteligencia estratégica y no con la resignación del posibilismo claudicante. Y la estrategia debiera ser similar a la de quien escala una montaña, que avanza paso a paso hacia una meta cierta, trabajosamente pero con firmeza y sin vuelta atrás. Un modo de avanzar que no es el ilusorio avance de quien camina sobre una escalera mecánica que desciende más rápido, como pasa con los reformismos. Tampoco es el salto intempestivo de quien dice querer cambiarlo todo en un instante, para luego de 70 años volver al punto de partida. Es el ascenso hacia el cambio de modo planificado y sostenible en el tiempo. No nos vamos a extender en la descripción de esta estrategia, que seguramente formará parte de un próximo trabajo, pero sí podemos utilizarla de referencia para comentar algunas medidas que habría que tomar para ir llevando la economía hacia los objetivos ya mencionados.
-En primer lugar hay que avanzar hacia la desaparición definitiva y total de la especulación financiera y la usura, dejando la potestad del manejo financiero exclusivamente al Estado. Alternativas como la tasa Tobin, o los tributos sobre plusvalías, activos y transacciones bancarias propuestos entre otros por Stiglitz, Sachs y Caldera; o las diversas regulaciones que se proponen imponer al mercado de capitales, en este sentido podrían resultar de utilidad si se las viera no como medidas definitivas en sí mismas, sino en todo caso como los primeros pasos para empezar a acorralar al poder financiero. Pero luego habría que avanzar hacia mayores restricciones de movilidad y mayores gravámenes, hasta que la banca estatal pueda hacerse cargo de cubrir todas las necesidades financieras del desarrollo de la economía real. Se debe incorporar el concepto de que la circulación monetaria es un derecho público y no puede estar expuesta a la arbitrariedad de la propiedad privada.
-Se debe orientar el crédito hacia la inversión productiva, pero en un marco de una economía mixta, donde el Estado se ocupe de generar condiciones para la viabilidad de las inversiones clarificando el circuito comercial. Se debe financiar simultáneamente la producción y el consumo, como una manera de asegurar el círculo virtuoso del crecimiento y el empleo, pero también como un modo de direccionar la producción y el consumo hacia las necesidades de los más desfavorecidos, en lugar de fomentar el consumismo de los que tienen excedentes (que es lo que hoy hace la banca privada). Pero esto se debe realizar de modo progresivo, para que no estalle la estructura productiva y haya que retroceder luego.
-Una profunda reforma tributaria que grave progresivamente la renta, con tasas muy elevadas para las ganancias que no se reinviertan en nuevas fuentes de trabajo. De este modo se corregirá la tendencia hacia el flujo especulativo y usurero. Las tasas podrían subirse en forma escalonada año tras año, de manera de neutralizar la fuerza desestabilizadora del poder económico ante los cambios.
-Participación de los trabajadores en las ganancias, la gestión y la propiedad de las empresas. También se puede ir aplicando de modo progresivo, aunque irreversible, de modo no solamente de atenuar el impacto opositor, sino también para ir consolidando la viabilidad de una nueva forma que seguramente tendrá sus dificultades de aplicación en los primeros tiempos.
-Creación de Comités de Desarrollo Local, para que en un marco nacional de Economía Mixta, interactúen los gobiernos locales, con las empresas, los trabajadores y las instituciones educativas, para poner en marcha emprendimientos productivos multiplicadores. Son de sumo interés las alternativas de desarrollo planteadas por autores como Vázquez Barquero, Manfred Max-Neff, Arocena y otros, desde el concepto de Desarrollo Local y Desarrollo a Escala Humana, pero siempre incorporando las políticas públicas nacionales en los niveles estratégicos y la participación táctica de los gobiernos locales, coordinando, facilitando y apoyando. Y seguramente será desde estos comités donde la gente se inspire para desarrollar en forma práctica una nueva economía a escala humana.
En síntesis, este planeta cuenta con recursos suficientes para asegurar el bienestar de todos los seres humanos, y hay un modo de organizarse para que ello ocurra. Pero es condición necesaria ir disolviendo y desarticulando el poder de la especulación financiera, desconcentrar el capital y encauzarlo hacia la producción. El mundo empezará a comprender que la existencia del monstruo especulativo y usurero, es incompatible con la existencia de de la vida humana, no hay lugar para los dos en este mundo y ya sabemos quien está de más.”
11/06/2010. Guillermo Sullings, Secretario General del Partido Humanista Internacional. Intervención en la Cámara Municipal de Sao Paulo, conferencia “Alternativas para superar la violencia económica”. “Ya es un tema recurrente el de la regresiva distribución de la riqueza en el mundo, como la principal fuente de violencia económica. Una monstruosa inequidad generada por la creciente apropiación del ingreso por parte del capital, por la explotación de los asalariados, y sobre todo por la progresiva exclusión de miles de millones de personas del mercado laboral.
Pero no porque el tema sea recurrente y archiconocido vamos a obviar mencionar algunas cifras que nos permitan dar contundencia al diagnóstico, y a la vez derivar en las verdaderas causas y descartar falsas soluciones.
De acuerdo al último estudio de la ONU-WIDER (Word Institute for Development Economics of the United Nations University), podemos ver algunos datos significativos.
-El 2 % de los adultos más ricos del mundo posee más de la mitad de la riqueza global de los hogares. Mientras que el 10 % posee el 85 %.
-El 90 % de la riqueza se concentra en Norteamérica, Europa y países de altos ingresos de Asia-Pacífico. Norteamérica posee el 34 % de la riqueza, siendo que solo tiene el 6 % de la población adulta, Europa posee el 30 %, entre Japón, Korea, Taiwan y Australia el 24 %, Latinoamérica 4 %, China 3 %, resto de Asia-Pacífico 3 % , Africa 1 % e India 1 %.
-¿Dónde vive el 10 % más rico?, el 24,9 % en USA, el 20,5 % en Japón, el 7,6 % en Alemania, el 6,6 % en Italia, el 5,9 % en Reino Unido, el 4,2 % en Francia, 3,9 % en España, y siguen Canadá, Australia, Taiwan, Korea, y Países Bajos, antes de que aparezcamos los latinoamericanos, con Brasil, México y Argentina apenas superando el 1 % en cada caso.
-Claro que si se trata de saber ahora donde vive el 1 % más rico del planeta, se reducen los países con tales miembros, ya que el 75 % está entre USA, Japón, Reino Unido y Francia.
Y si bien esto da una pauta de la distribución de la riqueza por países, cabe aclarar que a su vez dentro de los países, y sobre todo en los países más pobres, la distribución del ingreso entre sus habitantes es aún peor. Por ejemplo, la relación entre el 10 % de la población que más gana, con respecto al 10 % que menos gana, es de 5 veces en Japón, 9 veces en Francia, 16 veces en USA, 21 veces en Venezuela, 35 veces en Argentina, 40 veces en Chile y 58 veces en Brasil.
Pero esto no es todo, porque cuando se habla del 10 % que más gana en la población, se podría pensar que se está hablando de gente muy adinerada; sin embargo, en varios países latinoamericanos, se puede “ingresar al club” del 10 % que más gana, con menos de 1.000 dólares mensuales. Porque como bien se graficara en “la curva de los enanos de Pen”, los grandes ingresos recién aparecen entre el último 2 % de la población, por lo que la estadística desagregada por deciles suele ser engañosa. Y todo esto es muy importante a la hora de estudiar la forma de redistribuir el ingreso.
En definitiva, un panorama desolador, con la mitad de la población mundial obligada a subsistir con 2 dólares diarios, y muchos con menos.
Las causas
Hace exactamente 10 años, cuando publicamos la primera edición del libro “Más allá del Capitalismo, Economía Mixta”, hablábamos de las causas intrínsecas a la mecánica propia del capitalismo liberal, que llevaban a la acumulación y concentración de la riqueza. Y mencionábamos, en el capítulo dedicado a la economía liberal, como el desequilibrio de fuerzas en el mercado genera un círculo vicioso donde nada tiende al equilibrio, sino más bien a la acumulación y a la concentración, ya que quienes acumulan riqueza no solo disfrutan de la misma, sino que ella les da el poder necesario para imponer las condiciones que favorezcan la aceleración de esa acumulación. Desde luego que cuando hablamos de poder económico, no nos referimos sólo a la capacidad para poner reglas de juego en el mercado, sino también en la política, esterilizando así cualquier posibilidad de que el Estado pueda compensar las cargas para equilibrar las cosas. Señalamos también como esa desproporcionada acumulación de ganancia no se reinvierte en la economía real, para generar nuevas fuentes de trabajo, sino que por el contrario se desvía hacia la especulación financiera y la usura.
Hace 10 años, cuando todo eso decíamos, el mundo aún vivía en la fiesta neoliberal del pensamiento único, que comenzara con la caída del comunismo. Poco después se fue haciendo evidente en nuestra Latinoamérica, que esa fiesta había terminado en desastre, y poco a poco los pueblos votaron por gobiernos más progresistas. Pero esto último no ha sido para nada suficiente. En primer lugar porque los gobiernos neoliberales dejaron una pesada herencia, con el debilitamiento del Estado, las privatizaciones, las ataduras jurídicas a los tribunales del CIADI, y la superlativa deuda externa. En segundo lugar, porque el resto del mundo aún seguía en esa fiesta neoliberal y presionaba ante cualquier intento de cambios profundos en nuestros países. Y en tercer lugar porque los intentos progresistas, más allá de la retórica, nunca pasaron del reformismo socialdemócrata y las políticas neokeynesianas, que por cierto significaron un alivio, comparadas con el desastre anterior, pero resultaron insuficientes para revertir los índices de pobreza y exclusión.
Hoy pareciera que el mundo todo se está replanteando los fundamentos del capitalismo liberal. Según palabras del premio nobel de economía, Joseph Stiglitz, “la caída de Wall Street es para el fundamentalismo de mercado lo que la caída del Muro de Berlín fue para el comunismo”. Ese fue su comentario al referirse a la crisis financiera iniciada con la monstruosa especulación de las hipotecas basura que contagió a Europa, al punto tal que hoy está haciendo temblar a la Unión Europea toda.
Y hoy el mundo se replantea en parte al sistema económico y en particular al funcionamiento del sistema financiero. Pero esto ocurre porque la burbuja especulativa le estalló en la cara a la clase media, y por eso todos los medios hablan de la crisis. Pero los miles de millones de marginados de este mundo, ya estaban así antes de esta crisis, y sus padecimientos no ocupaban las primeras planas de los medios de comunicación. Así que tal vez sea hora de replantearse todo el sistema, porque si bien hoy podríamos afirmar que la especulación financiera es el demonio, esto es así porque el sistema capitalista liberal le dio vida y alimento, y porque varios millones de respetables ciudadanos estuvieron indiferentes mientras sus hermanos morían de hambre en las últimas décadas.
Así que entre las causas de la violencia económica generada por la creciente marginación y pobreza de las mayorías, no solamente hay variables económicas, sino fundamentalmente una cultura materialista y consumista, y una profunda contradicción entre los seres humanos.
Los objetivos y el camino hacia ellos
Así como dijimos que era casi innecesario explicar demasiado acerca de la situación de injusticia e inequidad económica que se viven en este mundo, porque la realidad cotidiana es bastante contundente. Así también podríamos suponer que los objetivos de una economía humanista, resulten también bastante obvios. Una sociedad con igualdad de oportunidades para todos, con una justa distribución de la riqueza, que asegure a todos la alimentación, la vivienda, la salud y la educación, mediante un desarrollo sustentable que no destruya el planeta, seguramente que todo eso coincide con la aspiración de la mayoría. Pero así como nos pareció necesario comentar algunos datos referidos al diagnóstico, porque nos servirían también para buscar las soluciones descartando falsas opciones. También ahora podemos decir que si bien un “sistema económico ideal”, puede parecer obvio en muchos aspectos, tal vez haya otros aspectos que no resulten tan evidentes. Porque por ejemplo, cuando hablamos de una mejor distribución de la riqueza, no estamos sugiriendo la idea de un crecimiento exponencial del consumismo, abarcando a todos los habitantes, para que un 90 % de la población alcance al otro 10 % en su carrera desenfrenada por consumir. No se trata de que todos los seres humanos se vuelvan máquinas de consumir como hoy lo son los de ingresos medios y altos. Primero porque no sería sustentable en muchos aspectos, al menos con un solo planeta disponible, y segundo porque sería interesante que la estupidez humana fuera disminuyendo un poco, para dar otro sentido a la vida. Así que aspiramos a una sociedad con un importante cambio en el campo espiritual y cultural, donde la racionalidad, la sobriedad, y la reciprocidad, canalicen las fuerzas productivas de la economía hacia la resolución de las necesidades de la mayoría antes que a calmar la insaciable sed de consumo de unos pocos. Por lo tanto, algo habrá que ceder, algo habrá que resignar, alguien tendrá que compartir, muchos tendrán que comprender.
Antes decíamos que la clasificación del nivel de ingresos por deciles era engañosa, porque en el decil más alto, en el caso de algunos países, se incluían empleados con ingresos mensuales de menos de 1.000 dólares. O sea que recién en el 2 % de ingresos más altos empezábamos a encontrar a los más privilegiados. Y la pregunta que aquí surge es ¿a qué tasa habría que gravar la renta de ese 2 % si se quisiera redistribuir el ingreso por vía tributaria? Seguramente a una tasa tan elevada que resultaría confiscatoria. De allí la creciente limitación de las políticas socialdemócratas y neokeynesianas, en la medida que la riqueza se concentra cada vez más. Y además pensemos que en el mundo, el 2 % de adultos con mayores ingresos y mayor riqueza, no son 4 malvados solitarios, sino que son cerca de 80 millones de personas; y entre toda esa gente hay muchos empresarios, políticos, jueces, banqueros, formadores de opinión, dueños de medios, militares, artistas, etc. Mucha gente con mucho poder, con capacidad mediática, con recursos para poder imponer las reglas. Entonces, no es tan sencilla la decisión política de redistribuir el ingreso, porque aunque un gobierno tenga el respaldo de la mayoría que quiere mejorar su situación, el poder de desestabilización que tiene ese 2 % es mucho, porque además puede convencer fácilmente al otro 10 % que le sigue en la pirámide, de que mejor es dejar todo como está en materia de economía.
Estas limitaciones están presentes o copresentes en los gobernantes y en la misma gente, están internalizadas, y muchas veces operan como autocensura a la hora de imaginar transformaciones profundas, dejándonos siempre en la poquedad del reformismo.
Hay que saltar sobre esta autocensura y atreverse a imaginar los cambios profundos y estructurales al sistema, como la única manera de revertir la violencia económica. Y a la tremenda fuerza que se opone a los cambios, hay que enfrentarla con inteligencia estratégica y no con la resignación del posibilismo claudicante. Y la estrategia debiera ser similar a la de quien escala una montaña, que avanza paso a paso hacia una meta cierta, trabajosamente pero con firmeza y sin vuelta atrás. Un modo de avanzar que no es el ilusorio avance de quien camina sobre una escalera mecánica que desciende más rápido, como pasa con los reformismos. Tampoco es el salto intempestivo de quien dice querer cambiarlo todo en un instante, para luego de 70 años volver al punto de partida. Es el ascenso hacia el cambio de modo planificado y sostenible en el tiempo. No nos vamos a extender en la descripción de esta estrategia, que seguramente formará parte de un próximo trabajo, pero sí podemos utilizarla de referencia para comentar algunas medidas que habría que tomar para ir llevando la economía hacia los objetivos ya mencionados.
-En primer lugar hay que avanzar hacia la desaparición definitiva y total de la especulación financiera y la usura, dejando la potestad del manejo financiero exclusivamente al Estado. Alternativas como la tasa Tobin, o los tributos sobre plusvalías, activos y transacciones bancarias propuestos entre otros por Stiglitz, Sachs y Caldera; o las diversas regulaciones que se proponen imponer al mercado de capitales, en este sentido podrían resultar de utilidad si se las viera no como medidas definitivas en sí mismas, sino en todo caso como los primeros pasos para empezar a acorralar al poder financiero. Pero luego habría que avanzar hacia mayores restricciones de movilidad y mayores gravámenes, hasta que la banca estatal pueda hacerse cargo de cubrir todas las necesidades financieras del desarrollo de la economía real. Se debe incorporar el concepto de que la circulación monetaria es un derecho público y no puede estar expuesta a la arbitrariedad de la propiedad privada.
-Se debe orientar el crédito hacia la inversión productiva, pero en un marco de una economía mixta, donde el Estado se ocupe de generar condiciones para la viabilidad de las inversiones clarificando el circuito comercial. Se debe financiar simultáneamente la producción y el consumo, como una manera de asegurar el círculo virtuoso del crecimiento y el empleo, pero también como un modo de direccionar la producción y el consumo hacia las necesidades de los más desfavorecidos, en lugar de fomentar el consumismo de los que tienen excedentes (que es lo que hoy hace la banca privada). Pero esto se debe realizar de modo progresivo, para que no estalle la estructura productiva y haya que retroceder luego.
-Una profunda reforma tributaria que grave progresivamente la renta, con tasas muy elevadas para las ganancias que no se reinviertan en nuevas fuentes de trabajo. De este modo se corregirá la tendencia hacia el flujo especulativo y usurero. Las tasas podrían subirse en forma escalonada año tras año, de manera de neutralizar la fuerza desestabilizadora del poder económico ante los cambios.
-Participación de los trabajadores en las ganancias, la gestión y la propiedad de las empresas. También se puede ir aplicando de modo progresivo, aunque irreversible, de modo no solamente de atenuar el impacto opositor, sino también para ir consolidando la viabilidad de una nueva forma que seguramente tendrá sus dificultades de aplicación en los primeros tiempos.
-Creación de Comités de Desarrollo Local, para que en un marco nacional de Economía Mixta, interactúen los gobiernos locales, con las empresas, los trabajadores y las instituciones educativas, para poner en marcha emprendimientos productivos multiplicadores. Son de sumo interés las alternativas de desarrollo planteadas por autores como Vázquez Barquero, Manfred Max-Neff, Arocena y otros, desde el concepto de Desarrollo Local y Desarrollo a Escala Humana, pero siempre incorporando las políticas públicas nacionales en los niveles estratégicos y la participación táctica de los gobiernos locales, coordinando, facilitando y apoyando. Y seguramente será desde estos comités donde la gente se inspire para desarrollar en forma práctica una nueva economía a escala humana.
En síntesis, este planeta cuenta con recursos suficientes para asegurar el bienestar de todos los seres humanos, y hay un modo de organizarse para que ello ocurra. Pero es condición necesaria ir disolviendo y desarticulando el poder de la especulación financiera, desconcentrar el capital y encauzarlo hacia la producción. El mundo empezará a comprender que la existencia del monstruo especulativo y usurero, es incompatible con la existencia de de la vida humana, no hay lugar para los dos en este mundo y ya sabemos quien está de más.”
domingo, 13 de junio de 2010
Campaña "Dímelo a la cara"
"Vosotros, los causantes de la crisis; vosotros, que nos estáis haciendo pagar vuestros platos rotos... no dejáis de gritar a los cuatro vientos que no somos competitivos. Vosotros, que hundís vuestras empresas porque quebrar empresas resulta un buen negocio, además habéis pedido hacer un paréntesis en la economía de mercado y la competencia para beneficiaros de los recursos sociales". Continúa...
Carta de la CGT convocando a una gran movilización el próximo 26 de junio frente ala sede de la CEOE.- "Vosotros habéis provocado esta crisis porque al final de la crisis veis una situación a vuestra medida:
• recortes de derechos laborales
• ajustes sociales y salariales para recuperar vuestra tasa de beneficios
• un final de la crisis insostenible medioambiental, económica y socialmente.
Vosotros, escuchadnos: no somos tontos y sabemos que la crisis no es sólo una crisis económica. En realidad lo que habéis provocado es una situación social en la que los trabajadores y trabajadoras no podamos hacer más que seguir perdiendo.
Y tú, Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, eres el símbolo de esos empresarios que insistís en que ganamos más de lo que nos merecemos, a pesar de que los mileuristas ya somos mayoría en este país, y a pesar de que muchos (cada vez más), ni siquiera llegamos a mileuristas.
Queréis recortar nuestras pensiones, mientras pretendéis que sigamos trabajando para vosotros durante 65 ho- ras semanales y hasta los 70 años... o más allá. Siempre después de haberos asegurado para vosotros una jubila- ción dorada.
Vosotros estáis demostrando —una vez más— que vuestro objetivo es que el mundo sea cada vez más injusto y que cada vez seamos más los excluidos. Esta es una condición imprescindible para mantener vuestros privi- legios.
¿Qué es lo que nos quieres quitar, Díaz Ferrán? ¿Nos quieres bajar el sueldo?... ¿quieres que nuestro trabajo valga cada vez menos? ¿Consideras que deberías ser premiado por despedirnos?
Dínoslo a la cara. Díselo a todos los trabajadores y trabajadoras de este país a los que van dirigidos tus rega- los envenenados.
Queremos que nos lo digas a la cara. Por esta razón estamos hoy aquí, manifestándonos frente a tu casa, frente la sede de la CEOE en Madrid, para pedirte que salgas a la calle y nos digas qué pretendes hacer con nosotros.
Porque esta gente cuyo futuro no te importa tenemos rostro, y queremos que lo conozcas.
Dínoslo a nosotros. No a los líderes sindicales. No a los dirigentes políticos. No... dínoslo a nosotros y nosotras, a los trabajadores y trabajadoras, a las futuras víctimas de tus planes... salvo, claro, si somos capaces de pararte.
Porque ahora somos nosotros los que vamos a luchar por lo que es nuestro, para defender lo que nos queda y recuperar todo lo que nos habéis quitado”
Porque para eso estamos aquí también. Para decirte a tí y a los que representas, que no vamos a parar, que no vamos a permitir que sigáis recortando nuestros derechos, que no vamos a permitir que os sigáis enriqueciendo a costa de los trabajadores y trabajadoras; que estamos cansados de tanto abuso, que no vais a pasar por encima de nosotros".
Carta de la CGT convocando a una gran movilización el próximo 26 de junio frente ala sede de la CEOE.- "Vosotros habéis provocado esta crisis porque al final de la crisis veis una situación a vuestra medida:
• recortes de derechos laborales
• ajustes sociales y salariales para recuperar vuestra tasa de beneficios
• un final de la crisis insostenible medioambiental, económica y socialmente.
Vosotros, escuchadnos: no somos tontos y sabemos que la crisis no es sólo una crisis económica. En realidad lo que habéis provocado es una situación social en la que los trabajadores y trabajadoras no podamos hacer más que seguir perdiendo.
Y tú, Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, eres el símbolo de esos empresarios que insistís en que ganamos más de lo que nos merecemos, a pesar de que los mileuristas ya somos mayoría en este país, y a pesar de que muchos (cada vez más), ni siquiera llegamos a mileuristas.
Queréis recortar nuestras pensiones, mientras pretendéis que sigamos trabajando para vosotros durante 65 ho- ras semanales y hasta los 70 años... o más allá. Siempre después de haberos asegurado para vosotros una jubila- ción dorada.
Vosotros estáis demostrando —una vez más— que vuestro objetivo es que el mundo sea cada vez más injusto y que cada vez seamos más los excluidos. Esta es una condición imprescindible para mantener vuestros privi- legios.
¿Qué es lo que nos quieres quitar, Díaz Ferrán? ¿Nos quieres bajar el sueldo?... ¿quieres que nuestro trabajo valga cada vez menos? ¿Consideras que deberías ser premiado por despedirnos?
Dínoslo a la cara. Díselo a todos los trabajadores y trabajadoras de este país a los que van dirigidos tus rega- los envenenados.
Queremos que nos lo digas a la cara. Por esta razón estamos hoy aquí, manifestándonos frente a tu casa, frente la sede de la CEOE en Madrid, para pedirte que salgas a la calle y nos digas qué pretendes hacer con nosotros.
Porque esta gente cuyo futuro no te importa tenemos rostro, y queremos que lo conozcas.
Dínoslo a nosotros. No a los líderes sindicales. No a los dirigentes políticos. No... dínoslo a nosotros y nosotras, a los trabajadores y trabajadoras, a las futuras víctimas de tus planes... salvo, claro, si somos capaces de pararte.
Porque ahora somos nosotros los que vamos a luchar por lo que es nuestro, para defender lo que nos queda y recuperar todo lo que nos habéis quitado”
Porque para eso estamos aquí también. Para decirte a tí y a los que representas, que no vamos a parar, que no vamos a permitir que sigáis recortando nuestros derechos, que no vamos a permitir que os sigáis enriqueciendo a costa de los trabajadores y trabajadoras; que estamos cansados de tanto abuso, que no vais a pasar por encima de nosotros".
miércoles, 9 de junio de 2010
Los funcionarios españoles se ponen en huelga y salen a la calle
Bajo las consignas “Contra el recorte del gasto público, contra los recortes salariales y sociales”, hoy 8 de Junio se ha desarrollado una jornada de huelga general en toda España, en el sector de las administraciones públicas. Los sindicatos han amenazado con una huelga general para finales de este mes si Zapatero sigue tomando medidas contra los trabajadores. Continúa...
PressenzaMadrid, 2010-06-08. Bajo las consignas “Contra el recorte del gasto público, contra los recortes salariales y sociales”, ayer 8 de Junio se desarrolló una jornada de huelga general en toda España, entre los funcionarios de distintas administraciones: Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y algunas empresas públicas.
Las principales medidas del recorte adoptado por el gobierno español se centran en la rebaja de un 5% de media del sueldo de los empleados públicos (profesionales de la sanidad, la enseñanza, la seguridad, defensa, etc), la supresión de la retroactividad en cuanto a la “Ley de Dependencia” y la reducción drástica del gasto público y la inversión en infraestructuras.
A lo largo de la jornada, se han desarrollado diversas manifestaciones, concentraciones y acciones puntuales para llamar la atención sobre lo injusto de estas medidas gubernamentales, algunas de ellas muy espectaculares como la protagonizada por algunos bomberos de Madrid, que irrumpieron en la Bolsa con pancartas, en las que podía leerse "El ciudadano paga vuestra avaricia" o "Los mercados causan la crisis".
Esta jornada de paro general en el sector público ha sido convocada por los principales sindicatos: CCOO, UGT, CSIF, CGT, CSIT, además de una larga lista de pequeñas organizaciones sindicales.
A golpe de Decreto, el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, ha incumplido los acuerdos de diálogo en el ámbito de la función pública pactados durante el pasado 2.009, y al que se acogen alrededor de 3 millones de trabajadores. Igualmente el Gobierno traiciona los compromisos electorales contraídos de ampliación de políticas sociales y vulneración de los acuerdos del “Pacto de Toledo”, que en este caso afectan principalmente a 8 millones de jubilados, congelando las obligadas subidas periódicas de las pensiones.
Para los convocantes de la huelga, este Plan de Ajuste del Gobierno, es injusto a todas luces, pues hace recaer todo el peso de las medidas anticrisis económicas en dos sectores muy vulnerables y desfavorecidos, como son jubilados y empleados públicos. Señalan los sindicatos que lejos de reducir los salarios, por el contrario habría que dignificarlos ya que en los últimos 20 años los sueldos de los empleados públicos no han subido ni mucho menos en función del coste de la vida, debiendo ser un 40 % más alto a los actuales. Además señalan que la mayor injusticia reside en hacer responsables de la crisis a empleados públicos y pensionistas, cuando los que la han provocado han sido la banca, el sector financiero y los miles de políticos que han dejado en quiebra las arcas públicas, con una deuda monstruosa e inasumible. Han recordado, además, “la enorme inyección de dinero público a la banca que realizó el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2.008 (30.000 millones de €), sector este caracterizado por la especulación despiadada, la usura, la estafa y la fuga de capital”.
Los sindicatos convocantes de la huelga general de hoy han centrado sus principales propuestas, como fórmula que garantice ingresos al Estado en:
• Velar por la transparencia de las operaciones del sector bancario y financiero.
• Recuperación del Impuesto de Sucesiones, Patrimonio y Donaciones (eliminado por el actual Gobierno).
• Lucha efectiva contra el fraude fiscal y la economía sumergida (ésta supone el 30% de la economía real).
• Mayor presión impositiva a las rentas más altas.
También avisan las centrales sindicales de que éstas, probablemente sean las primeras medidas tomadas por el Gobierno en un contexto de crisis económica profunda, y que paulatinamente irán afectando al resto de trabajadores del sector privado, vislumbrando un horizonte de despidos masivos, quiebras empresariales, precariedad laboral y pérdidas de derechos sociales y laborales, conseguidos a lo largo de tanto tiempo de reivindicación.
PressenzaMadrid, 2010-06-08. Bajo las consignas “Contra el recorte del gasto público, contra los recortes salariales y sociales”, ayer 8 de Junio se desarrolló una jornada de huelga general en toda España, entre los funcionarios de distintas administraciones: Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y algunas empresas públicas.
Las principales medidas del recorte adoptado por el gobierno español se centran en la rebaja de un 5% de media del sueldo de los empleados públicos (profesionales de la sanidad, la enseñanza, la seguridad, defensa, etc), la supresión de la retroactividad en cuanto a la “Ley de Dependencia” y la reducción drástica del gasto público y la inversión en infraestructuras.
A lo largo de la jornada, se han desarrollado diversas manifestaciones, concentraciones y acciones puntuales para llamar la atención sobre lo injusto de estas medidas gubernamentales, algunas de ellas muy espectaculares como la protagonizada por algunos bomberos de Madrid, que irrumpieron en la Bolsa con pancartas, en las que podía leerse "El ciudadano paga vuestra avaricia" o "Los mercados causan la crisis".
Esta jornada de paro general en el sector público ha sido convocada por los principales sindicatos: CCOO, UGT, CSIF, CGT, CSIT, además de una larga lista de pequeñas organizaciones sindicales.
A golpe de Decreto, el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, ha incumplido los acuerdos de diálogo en el ámbito de la función pública pactados durante el pasado 2.009, y al que se acogen alrededor de 3 millones de trabajadores. Igualmente el Gobierno traiciona los compromisos electorales contraídos de ampliación de políticas sociales y vulneración de los acuerdos del “Pacto de Toledo”, que en este caso afectan principalmente a 8 millones de jubilados, congelando las obligadas subidas periódicas de las pensiones.
Para los convocantes de la huelga, este Plan de Ajuste del Gobierno, es injusto a todas luces, pues hace recaer todo el peso de las medidas anticrisis económicas en dos sectores muy vulnerables y desfavorecidos, como son jubilados y empleados públicos. Señalan los sindicatos que lejos de reducir los salarios, por el contrario habría que dignificarlos ya que en los últimos 20 años los sueldos de los empleados públicos no han subido ni mucho menos en función del coste de la vida, debiendo ser un 40 % más alto a los actuales. Además señalan que la mayor injusticia reside en hacer responsables de la crisis a empleados públicos y pensionistas, cuando los que la han provocado han sido la banca, el sector financiero y los miles de políticos que han dejado en quiebra las arcas públicas, con una deuda monstruosa e inasumible. Han recordado, además, “la enorme inyección de dinero público a la banca que realizó el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2.008 (30.000 millones de €), sector este caracterizado por la especulación despiadada, la usura, la estafa y la fuga de capital”.
Los sindicatos convocantes de la huelga general de hoy han centrado sus principales propuestas, como fórmula que garantice ingresos al Estado en:
• Velar por la transparencia de las operaciones del sector bancario y financiero.
• Recuperación del Impuesto de Sucesiones, Patrimonio y Donaciones (eliminado por el actual Gobierno).
• Lucha efectiva contra el fraude fiscal y la economía sumergida (ésta supone el 30% de la economía real).
• Mayor presión impositiva a las rentas más altas.
También avisan las centrales sindicales de que éstas, probablemente sean las primeras medidas tomadas por el Gobierno en un contexto de crisis económica profunda, y que paulatinamente irán afectando al resto de trabajadores del sector privado, vislumbrando un horizonte de despidos masivos, quiebras empresariales, precariedad laboral y pérdidas de derechos sociales y laborales, conseguidos a lo largo de tanto tiempo de reivindicación.
martes, 1 de junio de 2010
Repudio humanista al criminal ataque israelí
El Partido Humanista Internacional manifiesta su enérgico repudio al criminal ataque perpetrado por fuerzas especiales israelíes contra la “Flota de la Libertad” que llevaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, provocando la muerte a cerca de 20 personas y más de 30 heridos entre los civiles que tripulaban los barcos. Continúa...
El Partido Humanista Internacional manifiesta su enérgico repudio al criminal ataque perpetrado por fuerzas especiales israelíes contra la “Flota de la Libertad” que llevaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, provocando la muerte a cerca de 20 personas y más de 30 heridos entre los civiles que tripulaban los barcos.
Instamos a que la comunidad internacional toda, y las Naciones Unidas en su representación, se manifiesten con determinación al respecto. No son para nada suficientes los “pedidos de investigación de cómo fueron los hechos”, o la “preocupación por el uso desmedido de la fuerza”, con el que varios gobiernos de Europa y Estados Unidos pretendieron dar una respuesta diplomática a semejante hecho. Porque más allá de cómo se haya producido el desenlace final del ataque a mansalva sobre civiles, nada puede justificarlo, como tampoco se puede justificar el bloqueo y la ocupación que están en la raíz de este hecho criminal. Y tampoco se puede hablar de uso desmedido de la fuerza, dando a entender que podría existir un uso medido o razonable de la fuerza, en el marco de esta situación.
Israel viene incumpliendo sistemáticamente las diversas resoluciones de las Naciones Unidas, y en particular la resolución 1860 que la obliga a terminar con el inhumano bloqueo a la Franja de Gaza y permitir el libre ingreso de ayuda humanitaria. Así que no se puede pretender explicar este crimen como un error, o como un exceso en el cumplimiento de controles que de por si son totalmente ilegales y arbitrarios, y fundamentalmente inhumanos, teniendo en cuenta la situación extrema en que vive la población palestina en ese lugar.
Los Humanistas ya denunciamos en su momento la última invasión en el año 2009 a la Franja de Gaza, reivindicando el derecho que tienen tanto el pueblo judío como el pueblo palestino de poder tener su propio territorio. Afirmamos que la existencia de las dos naciones con su propio territorio soberano será la solución para terminar, tanto con los atropellos del ejército israelí, como con los actos criminales del terrorismo.
También afirmamos los Humanistas, en nuestra reciente Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, que es prioridad el desarme nuclear, la reducción de armamento convencional y el retiro de tropas de los territorios invadidos, para poder avanzar con la paz en el mundo. Porque hay que terminar con la hipocresía de este orden internacional en el que hay países que están obligados a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, y hay potencias militares que parece ser que tienen derecho a hacer caso omiso de las mismas.
El Partido Humanista Internacional manifiesta su enérgico repudio al criminal ataque perpetrado por fuerzas especiales israelíes contra la “Flota de la Libertad” que llevaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, provocando la muerte a cerca de 20 personas y más de 30 heridos entre los civiles que tripulaban los barcos.
Instamos a que la comunidad internacional toda, y las Naciones Unidas en su representación, se manifiesten con determinación al respecto. No son para nada suficientes los “pedidos de investigación de cómo fueron los hechos”, o la “preocupación por el uso desmedido de la fuerza”, con el que varios gobiernos de Europa y Estados Unidos pretendieron dar una respuesta diplomática a semejante hecho. Porque más allá de cómo se haya producido el desenlace final del ataque a mansalva sobre civiles, nada puede justificarlo, como tampoco se puede justificar el bloqueo y la ocupación que están en la raíz de este hecho criminal. Y tampoco se puede hablar de uso desmedido de la fuerza, dando a entender que podría existir un uso medido o razonable de la fuerza, en el marco de esta situación.
Israel viene incumpliendo sistemáticamente las diversas resoluciones de las Naciones Unidas, y en particular la resolución 1860 que la obliga a terminar con el inhumano bloqueo a la Franja de Gaza y permitir el libre ingreso de ayuda humanitaria. Así que no se puede pretender explicar este crimen como un error, o como un exceso en el cumplimiento de controles que de por si son totalmente ilegales y arbitrarios, y fundamentalmente inhumanos, teniendo en cuenta la situación extrema en que vive la población palestina en ese lugar.
Los Humanistas ya denunciamos en su momento la última invasión en el año 2009 a la Franja de Gaza, reivindicando el derecho que tienen tanto el pueblo judío como el pueblo palestino de poder tener su propio territorio. Afirmamos que la existencia de las dos naciones con su propio territorio soberano será la solución para terminar, tanto con los atropellos del ejército israelí, como con los actos criminales del terrorismo.
También afirmamos los Humanistas, en nuestra reciente Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, que es prioridad el desarme nuclear, la reducción de armamento convencional y el retiro de tropas de los territorios invadidos, para poder avanzar con la paz en el mundo. Porque hay que terminar con la hipocresía de este orden internacional en el que hay países que están obligados a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, y hay potencias militares que parece ser que tienen derecho a hacer caso omiso de las mismas.
jueves, 20 de mayo de 2010
El Partido Humanista muestra su rechazo a las medidas anticrisis de Zapatero y demanda el establecimiento de un sistema de economía mixta.
Los humanistas denuncian que la reducción del déficit afecte a los gastos sociales y reclaman que se reduzca el presupuesto de defensa, que se aborde una reforma fiscal que grave la especulación e incremente los impuestos directos a las rentas más altas y que defienda la economía productiva. Continúa...
Madrid, 20 de mayo.- El Consejo Federal del Partido Humanista, tras conocer las decisiones del Gobierno respecto a la crisis económica, ha emitido el siguiente comunicado:
"El Partido Humanista manifiesta su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para la reducción del déficit público. Rechazamos la reducción del salario de los funcionarios con menores ingresos, la congelación de las pensiones, la retirada de la ayuda por nacimiento de hijo o la desaparición de la retroactividad en las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia y la práctica totalidad de las medidas anunciadas por el Gobierno que, en el mejor de los casos, retraerán la demanda y con ello se enlentecerá la recuperación de la economía y, en el peor, empobrecerán directamente a sectores débiles, tales como pensionistas, parados o trabajadores.
Para el Partido Humanista, los recientes hechos evidencian que Zapatero y el resto de gobernantes “democráticamente elegidos” son meros títeres de aquéllos que realmente detentan el poder en el nuevo orden mundial. Éstos son los que algunos, de modo impersonal y eufemístico, llaman “los mercados” y que, para los humanistas son, simple y llanamente, un grupo de individuos sin escrúpulos que, con tal de embolsarse unos cuantos millones de dólares o de euros, son capaces de especular en los opacos mercados financieros provocando el incremento de los costes de financiación de los estados soberanos y sus empresas. Llegan al punto, con sus actos, de comprometer seriamente el tejido productivo de los estados que ponen en su punto de mira y, con ello, condenan a la pobreza y el desempleo a millones de seres humanos.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, Sarkozy, Merkel y, más recientemente, Obama, todos ellos perfectos edecanes de aquellos desalmados, han estado prestos en instruir a Zapatero acerca de las medidas a tomar y éste en aplicarlas.
Es paradójico que una crisis originada en la especulación financiera e inmobiliaria, promovida la una, y alimentada la otra, por la banca, acaba siendo pagada por los mismos a los que bancos e inmobiliarias han ido esquilmando a lo largo de estos años.
El Partido Humanista denuncia el cinismo mostrado por el Gobierno al presentar como inevitables los recortes en gasto social e inversión. Denuncia también la inacción de los principales sindicatos, CCOO y UGT, que llevan dos años contemporizando con el Gobierno y la patronal y les reclama que, aunque sea tarde, asuman las responsabilidades que legalmente les competen en la organización de movilizaciones de los trabajadores.
Los humanistas no somos ingenuos y comprendemos que la economía de un país no se sostiene en el tiempo si el valor real de lo que consumen e invierten sus empresas y sus ciudadanos no tiende a cierto equilibrio con la producción. Ahora bien, no compartimos que la ausencia de déficit o el superávit de las cuentas públicas, que es algo diferente de lo anterior, deban ser el principal objetivo del Estado, como si de una gran empresa se tratara y, aún menos, que por ese absurdo objetivo se sacrifiquen los derechos de las personas.
En todo caso, no aceptamos que las únicas alternativas de reducción del déficit sean endeudarse en los mercados financieros esperando a tiempos mejores o reducir el gasto social. La financiación de parte del déficit con la emisión de moneda es más que aceptable en situaciones como la actual. Ello “sólo” requeriría que el Banco Central Europeo fuera un órgano democrático y no un instrumento del neoliberalismo.
De otra parte, existen partidas presupuestarias susceptibles de ser reducidas sin que afecten a los derechos sociales ni a la inversión estatal que habrá de dinamizar la economía. Tal es el caso de los presupuestos del Ministerio de Defensa o de la Casa Real, por poner sólo algunos ejemplos. Por otra parte, el servicio de la deuda pública es un lastre para la economía del país. Es buen momento para cuestionar la validez de la obligación de pago de intereses usurarios en aquellos casos en que el tipo de éstos se derive de las oscuras maniobras de los especuladores. Es más, cabría considerar la legitimidad de las deudas adquirida por el sector público, pues allá donde no se den tales condiciones de legitimidad, la obligación de pago, en su totalidad, debería considerarse nula de pleno derecho.
Y, por otra parte, es posible reducir el déficit aumentando los ingresos, es decir, con nuevos impuestos o con el incremento de los existentes. En este sentido, los humanistas llamamos la atención sobre las grandes fortunas ilegítimamente amasadas con la especulación financiera e inmobiliaria que ha originado esta crisis. Creemos que intentar equilibrar las cuentas públicas mediante sustanciosos impuestos aplicados a esas fortunas revertiría, aunque fuera parcialmente, la grave violencia económica que se está ejerciendo sobre los más desfavorecidos. Y, por cierto, las actividades especulativas que aún continúan, ejecutadas o soportadas por el sistema bancario, deberían ser gravadas por unos impuestos tales que evitaran el intento de despojar a la sociedad de aquello que es de todos. Y, por supuesto, en cualquier reforma del sistema fiscal, debería contemplar la supresión del IVA, la supresión del IRPF a las rentas más bajas y, como compensación, el incremento del tipo de gravamen para las rentas más altas.
El Partido Humanista, advirtiendo que la destrucción de la economía productiva está agravando el déficit, pues cada cierre empresarial, además de generar costes al Estado supone deterioro de ingresos, demandamos la defensa de dicha economía, proporcionando financiación e incluso asumiendo incrementos del gasto público.
Situaciones como éstas nos muestran la continua violencia económica que se deriva del modelo neoliberal y la insuficiencia de la propuesta socialdemócrata para evitar los perversos efectos del capitalismo. Los humanistas reclamamos el establecimiento de un sistema de economía mixta, que ponga el trabajo por encima del gran capital y que, sin impedir la iniciativa privada, dote al Estado de todos los instrumentos necesarios para complementar dicha iniciativa e intervenir sin restricciones allá donde sea necesario para garantizar el desarrollo de la economía nacional y el bienestar presente y futuro de los ciudadanos. En ese contexto pedimos la creación de una banca pública sin interés que asegure el acceso al crédito en aquellas circunstancias que se requiera para garantizar tanto los derechos individuales como el interés social"
Madrid, 20 de mayo.- El Consejo Federal del Partido Humanista, tras conocer las decisiones del Gobierno respecto a la crisis económica, ha emitido el siguiente comunicado:
"El Partido Humanista manifiesta su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España para la reducción del déficit público. Rechazamos la reducción del salario de los funcionarios con menores ingresos, la congelación de las pensiones, la retirada de la ayuda por nacimiento de hijo o la desaparición de la retroactividad en las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia y la práctica totalidad de las medidas anunciadas por el Gobierno que, en el mejor de los casos, retraerán la demanda y con ello se enlentecerá la recuperación de la economía y, en el peor, empobrecerán directamente a sectores débiles, tales como pensionistas, parados o trabajadores.
Para el Partido Humanista, los recientes hechos evidencian que Zapatero y el resto de gobernantes “democráticamente elegidos” son meros títeres de aquéllos que realmente detentan el poder en el nuevo orden mundial. Éstos son los que algunos, de modo impersonal y eufemístico, llaman “los mercados” y que, para los humanistas son, simple y llanamente, un grupo de individuos sin escrúpulos que, con tal de embolsarse unos cuantos millones de dólares o de euros, son capaces de especular en los opacos mercados financieros provocando el incremento de los costes de financiación de los estados soberanos y sus empresas. Llegan al punto, con sus actos, de comprometer seriamente el tejido productivo de los estados que ponen en su punto de mira y, con ello, condenan a la pobreza y el desempleo a millones de seres humanos.
El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, Sarkozy, Merkel y, más recientemente, Obama, todos ellos perfectos edecanes de aquellos desalmados, han estado prestos en instruir a Zapatero acerca de las medidas a tomar y éste en aplicarlas.
Es paradójico que una crisis originada en la especulación financiera e inmobiliaria, promovida la una, y alimentada la otra, por la banca, acaba siendo pagada por los mismos a los que bancos e inmobiliarias han ido esquilmando a lo largo de estos años.
El Partido Humanista denuncia el cinismo mostrado por el Gobierno al presentar como inevitables los recortes en gasto social e inversión. Denuncia también la inacción de los principales sindicatos, CCOO y UGT, que llevan dos años contemporizando con el Gobierno y la patronal y les reclama que, aunque sea tarde, asuman las responsabilidades que legalmente les competen en la organización de movilizaciones de los trabajadores.
Los humanistas no somos ingenuos y comprendemos que la economía de un país no se sostiene en el tiempo si el valor real de lo que consumen e invierten sus empresas y sus ciudadanos no tiende a cierto equilibrio con la producción. Ahora bien, no compartimos que la ausencia de déficit o el superávit de las cuentas públicas, que es algo diferente de lo anterior, deban ser el principal objetivo del Estado, como si de una gran empresa se tratara y, aún menos, que por ese absurdo objetivo se sacrifiquen los derechos de las personas.
En todo caso, no aceptamos que las únicas alternativas de reducción del déficit sean endeudarse en los mercados financieros esperando a tiempos mejores o reducir el gasto social. La financiación de parte del déficit con la emisión de moneda es más que aceptable en situaciones como la actual. Ello “sólo” requeriría que el Banco Central Europeo fuera un órgano democrático y no un instrumento del neoliberalismo.
De otra parte, existen partidas presupuestarias susceptibles de ser reducidas sin que afecten a los derechos sociales ni a la inversión estatal que habrá de dinamizar la economía. Tal es el caso de los presupuestos del Ministerio de Defensa o de la Casa Real, por poner sólo algunos ejemplos. Por otra parte, el servicio de la deuda pública es un lastre para la economía del país. Es buen momento para cuestionar la validez de la obligación de pago de intereses usurarios en aquellos casos en que el tipo de éstos se derive de las oscuras maniobras de los especuladores. Es más, cabría considerar la legitimidad de las deudas adquirida por el sector público, pues allá donde no se den tales condiciones de legitimidad, la obligación de pago, en su totalidad, debería considerarse nula de pleno derecho.
Y, por otra parte, es posible reducir el déficit aumentando los ingresos, es decir, con nuevos impuestos o con el incremento de los existentes. En este sentido, los humanistas llamamos la atención sobre las grandes fortunas ilegítimamente amasadas con la especulación financiera e inmobiliaria que ha originado esta crisis. Creemos que intentar equilibrar las cuentas públicas mediante sustanciosos impuestos aplicados a esas fortunas revertiría, aunque fuera parcialmente, la grave violencia económica que se está ejerciendo sobre los más desfavorecidos. Y, por cierto, las actividades especulativas que aún continúan, ejecutadas o soportadas por el sistema bancario, deberían ser gravadas por unos impuestos tales que evitaran el intento de despojar a la sociedad de aquello que es de todos. Y, por supuesto, en cualquier reforma del sistema fiscal, debería contemplar la supresión del IVA, la supresión del IRPF a las rentas más bajas y, como compensación, el incremento del tipo de gravamen para las rentas más altas.
El Partido Humanista, advirtiendo que la destrucción de la economía productiva está agravando el déficit, pues cada cierre empresarial, además de generar costes al Estado supone deterioro de ingresos, demandamos la defensa de dicha economía, proporcionando financiación e incluso asumiendo incrementos del gasto público.
Situaciones como éstas nos muestran la continua violencia económica que se deriva del modelo neoliberal y la insuficiencia de la propuesta socialdemócrata para evitar los perversos efectos del capitalismo. Los humanistas reclamamos el establecimiento de un sistema de economía mixta, que ponga el trabajo por encima del gran capital y que, sin impedir la iniciativa privada, dote al Estado de todos los instrumentos necesarios para complementar dicha iniciativa e intervenir sin restricciones allá donde sea necesario para garantizar el desarrollo de la economía nacional y el bienestar presente y futuro de los ciudadanos. En ese contexto pedimos la creación de una banca pública sin interés que asegure el acceso al crédito en aquellas circunstancias que se requiera para garantizar tanto los derechos individuales como el interés social"
martes, 18 de mayo de 2010
El robo de la sanidad pública
La privatización de los sistemas sociales emblemáticos, como la sanidad, de lo que se dio en llamar “estado del bienestar” se inscribe en el marco general de las políticas neoliberales que se inauguraron a sangre y fuego en 1973 con el golpe de Pinochet en Chile y continuaron con la operación Cóndor en el sur de América Latina. Continúa...
Las formas cambiaron en Europa Occidental pero el contenido era el mismo: imponer las recetas de la Escuela de Chicago, cambiando para ello la correlación de fuerzas surgida de la II Guerra Mundial capaz de imponer un desarrollo sin precedentes de los servicios públicos. Los primeros pasos se dieron en Gran Bretaña en 1976 cuando el primer ministro laborista J. Callahan pidió un préstamo al FMI que le fue concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y de un programa de privatizaciones. En 1979, M. Thatcher aceleró el proceso. La derrota de la huelga minera de 1984-85 y la responsabilidad de las direcciones sindicales británicas y del resto de Europa en el aislamiento misma es emblemática del comienzo de una cadena de retrocesos en la lucha de clases que no ha hecho más que recrudecerse hasta nuestros días.
La imposición de los objetivos centrales del capitalismo neoliberal (déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones, deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes progresivos de derechos laborales y sociales) se ha hecho mediante un complejo pero sumamente eficaz engranaje de cooptación, compra y desnaturalización de la izquierda institucional, política y sindical, dirigido – mano a mano – por la patronal y los aparatos del estado.
II. La Transición y la maniobra del despiste.
La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a conquistas sociales fundamentales coincidieron con la Transición española y se produjo un relativo retraso en su implantación debido a que, en ésa época, era prioritario para las clases dominantes legitimar ante los pueblos la reforma política de la dictadura. Se puso en marcha entonces un mecanismo cuya rentabilidad parece inagotable hasta ahora: dejar que los ataques más duros contra la clase obrera los ejecutara un sedicente gobierno de izquierdas.
En lo que a la sanidad se refiere se diseñó un proceso lento, pero demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación de deslegitimación y crítica de lo público por ser “despilfarrador”, “burocrático”, “ineficiente”, “sostenedor de privilegios funcionariales”, etc.
Hubo algunos indicadores significativos de la dirección que tomaba la “democracia” en los servicios sanitarios. Uno de ellos fue la decisión del Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de Catalunya (PSUC) ante una sanidad pública muy poco desarrollada (25%) y una sanidad privada en bancarrota: en lugar de incluir el personal y las instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia sanitaria. Otra de ellas, reveladora del enorme poder de la industria farmacéutica fue el nombramiento de Ernst Lluch, hombre de su confianza, como ministro de sanidad del PSOE en el primer gobierno de Felipe Gonzalez, en lugar de Ciriaco de Vicente, menos obediente a sus intereses.
Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de avance en el desarrollo de recursos públicos y de su control social: la Ley General de Sanidad (1986), Ley del Medicamento (1990) y Ley de Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral.
III. El guión de la privatización: “confundirse con el paisaje”
En 1989 se publicó en Gran Bretaña “Working for Patients” libro blanco para la privatización del servicio público de salud más importante de Europa Occidental. Este informe que parte del mantenimiento de la financiación pública y de la gratuidad del servicio – en un primer momento – se constituyó en el programa-marco para la mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria.
Con el mismo objetivo que en el Reino Unido el Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, crea una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, primero por el INSALUD central y luego por las CC.AA, independientemente del color del partido en el gobierno.
La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el sistema poco a poco, precarizarlo y fragmentarlo para privatizar todo lo rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la gestión empresarial; es decir, objetivos de ahorro y rentabilidad económica.
De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad. Poco a poco, se fue desmontando el sistema sanitario desde dentro:
o Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc. o Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad. o De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada.
La hegemonía ideológica de la mercantilización se impuso sin casi resistencia por parte de unos profesionales “progresistas” que aceptaron como “modernización” y “cambios técnicos” transformaciones estructurales en la organización y administración económica de los servicios tales como: separación entre la financiación – siempre pública – y la gestión y provisión de servicios que podía ser pública o privada; el contrato programa, la cartera de servicios, el coste por proceso, etc, que evalúan y financian los servicios en función de objetivos de actividad y de disminución del gasto, y no de mejora de la salud de la población.
La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste de medios diagnósticos y tratamientos (menos estancia media, menos personal, ..etc) va de la mano del aumento exponencial del gasto sanitario y el deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos, se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían evaluar la calidad de la atención en función de objetivos de salud, y lo que es más grave y determinante, se pone en peligro la salud y la vida de los pacientes.
IV. El negocio del capital privado en la sanidad
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios.
La Directiva Bolkestein de la UE, que va aprobándose a trozos, impone la privatización de todos los servicios sociales y la condición de que las empresas de otros países europeos no tengan que someterse a la normativa laboral y de control de calidad del país en el que actúen sino a la del país del que procedan.
Las modificaciones realizadas en el Estatuto Marco han ido sistemáticamente dirigidas al recorte de derechos laborales. Algunos parlamentos autonómicos han ido desarrollando normativas que amplían cada vez más el margo legal de la privatización sin freno alguno, ni por parte del Ministerio de Sanidad, de la Tesorería de la Seguridad Social o Ayuntamientos en cuyo suelo, cedido gratuitamente, se ejecutan las iniciativas sanitarias y socio-sanitarias privadas.
En este escenario es en el que se produce la ofensiva privatizadora actual, que tiene carácter general, aunque los ritmos de avance están modulados por la rentabilidad para el capital de cada servicio en cada lugar y sobre todo por la oposición popular.
En la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la privatización de la sanidad, los procedimientos utilizados son los siguientes:
La concesión de la construcción y la gestión por 30 años de los 8 nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas empresas son Dragados, Sacyr (dos hospitales), Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners. La ubicación de los hospitales y sus características no han sido el resultada de planificación, ni análisis de necesidades alguno por parte de la Consejería de Sanidad, sino de estudios de rentabilidad por parte de las empresas adjudicatarias.
La apertura de nuevos hospitales no ha supuesto un aumento, sino una disminución de camas, y no habrá más personal sanitario, ya que éste saldrá en su totalidad de los antiguos hospitales públicos que se han visto obligados al cierre de cientos de camas.
Los pliegos de condiciones no imponen a las empresas ningún tipo de mínimos en cuanto a plantillas para los servicios. Es la empresa la que aplica libremente su criterio. Los resultados son tan esperpénticos como los siguientes:
1. el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Arganda hubo de cerrar ante el abandono de las ginecólogas por las condiciones de trabajo; un solo facultativo para quirófano, urgencias y sala. 2. en el hospital de Parla hay una sola limpiadora para todos los servicios durante el turno de noche.
La gestión privada, es decir, la búsqueda prioritaria del beneficio, implica, no solo ahorro en recursos humanos y materiales, sino sobre todo, la selección de riesgos. Este último principio se asienta sobre un hecho determinante en la asistencia sanitaria que utilizan implacablemente las aseguradoras privadas: el 10% de la población –personas mayores y enfermos crónicos – consume el 90% de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda costa, derivándoles hacia los hospitales públicos.
V. La sustitución del Derecho Público: la pólvora del rey
El asunto que determina la aberración subyacente a la gestión mediante empresas privadas de servicios públicos es la sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e intervención del gasto, dirigidos a impedir la actuación arbitraria de las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial, dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios, procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios públicos: “se dispara con la pólvora del rey”. Los ejemplos del Hospital de Alzira y de las fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una buena muestra.
De los indicadores de calidad asistencial básicos, como son la mortalidad comparada, el índice de infecciones hospitalarias, las remisiones a otros hospitales, los indicadores de personal/cama, etc. que servirían para comparar la calidad de la atención pública y privada, nada puede decirse porque no se publican.
La siguiente pregunta es: ¿son legales todos estos cambios? Este proceso de privatización de la Sanidad viene de lejos y se ha llevado a cabo tanto durante los gobiernos del PSOE como del PP y en CC.AA de todo signo político. La clave de bóveda de todo él es la Ley de Nuevas Formas de Gestión, que permite la gestión privada de cualquier centro sanitario. Medio millón de firmas se han recogido ya en www.casmadrid.org para pedir su derogación.
VI. El copago, llave maestra para la selección de pacientes.
En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo de declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico. Haciendo valer el dicho “al revés te lo digo para que me entiendas”, tras la aprobación por el Congreso de los Diputados en marzo pasado de una propuesta por la cual se rechazaba el copago en esta legislatura, se han multiplicado los informes de “expertos” y las declaraciones de personajes representantes de diferentes sectores a favor del copago.
Antes que nada es preciso aclarar el termino “copago” que, al igual que ocurre con todo lo relacionado con la privatización de la sanidad, responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de “introducir el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos –que salen casi en su totalidad de los bolsillos de los trabajadores [1]- y con las cotizaciones a la Seguridad Social.
Lo que se pretende introducir es que los usuarios de la sanidad pública, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un % de su precio. La gama de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para mayores de 65 años (o antes)”, establecer una lista de prestaciones básicas gratuitas, y pagar una póliza para poder acceder a las restantes (como en EE.UU.), etc.
La Brunete mediática del copago
El buque insignia está integrado por la Consejera de Sanidad del tripartito de Cataluña (PSC, ERC e ICV), el Consejero de Asturias (PSOE) y los de Madrid y País Valenciá (PP); a ellos se sumó el PNV cuando gobernaba en la Comunidad Autónoma Vasca [2]. Solamente la variada composición política de los Consejeros proponentes es suficiente para indicar el calado de la propuesta. Los cuatro se prodigan en declaraciones que reproducen ampliamente los medios de comunicación y que sirven de base a informes de “expertos”, que a su vez dan lugar a nuevas noticias.
Las declaraciones pueden verse en:
26 de octubre: “El Mº de Sanidad presenta un informe que pide el copago pero no lo defiende. Propone que los pensionistas también paguen los fármacos”. El informe es presentado por el Secretario General del Ministerio y los expertos designados por el propio Ministerio pertenecen en su mayor parte a fundaciones y consultoras privadas, entre ellas FEDEA”.
13 de noviembre. “La CEMS (confederación de sindicatos médicos) defiende el copago”.
16 de noviembre. “Expertos desempolvan el ticket moderador. El SNS tendrá un déficit de más de 50.000 euros en 2020”. Informe elaborado por FEDEA y por McKinsey&Company.
17 de noviembre. “La Convención Nacional del PP debate el copago sanitario".
24 de noviembre. “Nueve autonomías no tendrán para pagar las recetas. Sanidad está en contra del copago"
30 de noviembre. “ Salgado pide "prudencia" a la hora de plantear el copago en el SNS"
12 de diciembre. “El Partido Socialista de Cataluña asume que los pacientes deberán pagar parte de los servicios sanitarios”. Aunque la Consejera cortó el debate “para evitar costes electorales”, anunció que la propuesta de programa electoral “rompe con el modelo actual de servicios gratuitos y en el que sólo se paga una parte de los medicamentos"
La última andanada viene otra vez de la consejera de sanidad del Tripartito catalán en un artículo publicado en El País el pasado 14 de abril en el que vuelve a insistir en el copago de la mano de la insostenibilidad económica de la sanidad pública. La ofensiva mediática va a ser muy poderosa e irá dirigido a neutralizar la capacidad de respuesta popular.
Aprender del precedente del Informe Abril Martorell
La prudencia con que se apuntan las medidas de copago o de ticket moderador tienen que ver con la conciencia de se está tratando con un material humano altamente sensible: los pobres, los enfermos y, sobre todo, los pensionistas.
El Informe que aprobó hacer el Congreso con los votos de CDS y PSOE en 1991 y encargado por el Gobierno de Felipe González al banquero franquista Abril Martorell, que debía ser la “hoja de ruta” de la privatización de la sanidad, acabó siendo demonizado por todos ante la respuesta sindical (amenaza de huelga general) que suscitaron sus recomendaciones, sobre todo las referidas al copago sanitario y farmacéutico.
Los argumentos actuales hablan de la sostenibilidad del sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura farmacéutica,.. etc, tampoco son muy diferentes.
Lo que ocultan es que imponer el pago directo por el uso los servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria - el objetivo principal. Los que hablan del “imparable” aumento del gasto nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la factura farmacéutica.
Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En un sector como el sanitario en el que el una pequeña parte de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres en los que es muy difícil diferencia lo social de los sanitario) consume la mayor parte de los recursos, la gallina de los huevos de oro es “disuadir económicamente” de su utilización a los sectores de población que más necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.
Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes en función de su rentabilidad para el negocio privado se ocultan por parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los graves perjuicios que se ocasiona a la salud, precisamente de grupos que con criterios elementales de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados. Algunas de ellos son: retraso en el diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas; agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se abandona; incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario; abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales; degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la póliza pública, que se convertiría en beneficencia para pobres; deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos.
El largo etcétera que hay que añadir constituye el drama diario al que se tienen que enfrentar los casi 5 millones de parados y al que habrá que añadir el escándalo del copago que afectará sobre todo a los mayores.
Habrá quien crea que no se van a atrever en función del coste electoral que tal medida conllevaría, sobre todo entre los jubilados y pensionistas. En eso han pensado ya: habrá un Pacto por la Sanidad de las características del Pacto de Toledo para las pensiones, de forma que al adoptarlo todas las fuerzas políticas institucionales, al menos PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa. Todo ello en aras de los superiores intereses del capital que son a los que verdaderamente representan.
La única duda realmente importante acerca de lo que están preparando, nos afecta a los demás: ¿Vamos a consentirlo?
Las formas cambiaron en Europa Occidental pero el contenido era el mismo: imponer las recetas de la Escuela de Chicago, cambiando para ello la correlación de fuerzas surgida de la II Guerra Mundial capaz de imponer un desarrollo sin precedentes de los servicios públicos. Los primeros pasos se dieron en Gran Bretaña en 1976 cuando el primer ministro laborista J. Callahan pidió un préstamo al FMI que le fue concedido a cambio de recortes drásticos en el gasto público y de un programa de privatizaciones. En 1979, M. Thatcher aceleró el proceso. La derrota de la huelga minera de 1984-85 y la responsabilidad de las direcciones sindicales británicas y del resto de Europa en el aislamiento misma es emblemática del comienzo de una cadena de retrocesos en la lucha de clases que no ha hecho más que recrudecerse hasta nuestros días.
La imposición de los objetivos centrales del capitalismo neoliberal (déficit público cero, desfiscalización de las rentas del capital, gran disminución del gasto público en servicios sociales, privatizaciones, deslocalización del capital y duras contrarreformas con recortes progresivos de derechos laborales y sociales) se ha hecho mediante un complejo pero sumamente eficaz engranaje de cooptación, compra y desnaturalización de la izquierda institucional, política y sindical, dirigido – mano a mano – por la patronal y los aparatos del estado.
II. La Transición y la maniobra del despiste.
La expansión de las políticas neoliberales y su correlato de ataques a conquistas sociales fundamentales coincidieron con la Transición española y se produjo un relativo retraso en su implantación debido a que, en ésa época, era prioritario para las clases dominantes legitimar ante los pueblos la reforma política de la dictadura. Se puso en marcha entonces un mecanismo cuya rentabilidad parece inagotable hasta ahora: dejar que los ataques más duros contra la clase obrera los ejecutara un sedicente gobierno de izquierdas.
En lo que a la sanidad se refiere se diseñó un proceso lento, pero demoledor, ejecutado por los grandes medios de comunicación de deslegitimación y crítica de lo público por ser “despilfarrador”, “burocrático”, “ineficiente”, “sostenedor de privilegios funcionariales”, etc.
Hubo algunos indicadores significativos de la dirección que tomaba la “democracia” en los servicios sanitarios. Uno de ellos fue la decisión del Conseller de Sanitat del Govern Provisional de la Generalitat de Catalunya (PSUC) ante una sanidad pública muy poco desarrollada (25%) y una sanidad privada en bancarrota: en lugar de incluir el personal y las instalaciones de esta última en el sector público, subvencionó su reflotamiento para a continuación concertar con ella la asistencia sanitaria. Otra de ellas, reveladora del enorme poder de la industria farmacéutica fue el nombramiento de Ernst Lluch, hombre de su confianza, como ministro de sanidad del PSOE en el primer gobierno de Felipe Gonzalez, en lugar de Ciriaco de Vicente, menos obediente a sus intereses.
Tres leyes clave para la sanidad, ampliamente demandadas desde la lucha contra la Dictadura, nacieron castradas en sus planteamientos de avance en el desarrollo de recursos públicos y de su control social: la Ley General de Sanidad (1986), Ley del Medicamento (1990) y Ley de Prevención de Riesgos laborales (1995), antes de Salud Laboral.
III. El guión de la privatización: “confundirse con el paisaje”
En 1989 se publicó en Gran Bretaña “Working for Patients” libro blanco para la privatización del servicio público de salud más importante de Europa Occidental. Este informe que parte del mantenimiento de la financiación pública y de la gratuidad del servicio – en un primer momento – se constituyó en el programa-marco para la mercantilización y la gestión empresarial de la asistencia sanitaria.
Con el mismo objetivo que en el Reino Unido el Congreso de los Diputados crea en 1990, con mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto BNG e IU, crea una Comisión para la reforma del sistema sanitario presidida por el banquero y empresario franquista Abril Martorell. Si bien la potente reacción popular impidió la introducción del copago que el Informe preconizaba, las medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización se fueron introduciendo una tras otra, primero por el INSALUD central y luego por las CC.AA, independientemente del color del partido en el gobierno.
La estrategia que se impuso con carácter general es desmontar el sistema poco a poco, precarizarlo y fragmentarlo para privatizar todo lo rentable e imponer en todos los servicios sanitarios públicos la gestión empresarial; es decir, objetivos de ahorro y rentabilidad económica.
De forma sistemática se ralentizó la inversión en los servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad. Poco a poco, se fue desmontando el sistema sanitario desde dentro:
o Se privatizaron servicios de limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, laboratorio, radiología, etc. o Se introdujo masivamente la precariedad entre los trabajadores de la sanidad. o De forma lenta, pero sistemática se fueron reduciendo plantillas y camas públicas, al tiempo que se extendía la concertación de las intervenciones quirúrgicas con la sanidad privada.
La hegemonía ideológica de la mercantilización se impuso sin casi resistencia por parte de unos profesionales “progresistas” que aceptaron como “modernización” y “cambios técnicos” transformaciones estructurales en la organización y administración económica de los servicios tales como: separación entre la financiación – siempre pública – y la gestión y provisión de servicios que podía ser pública o privada; el contrato programa, la cartera de servicios, el coste por proceso, etc, que evalúan y financian los servicios en función de objetivos de actividad y de disminución del gasto, y no de mejora de la salud de la población.
La supuesta eficiencia empresarial por el ahorro en el coste de medios diagnósticos y tratamientos (menos estancia media, menos personal, ..etc) va de la mano del aumento exponencial del gasto sanitario y el deterioro de la calidad: se incrementan los reingresos, se dispara el gasto farmacéutico, aumentan las demandas por errores médicos o mala práctica, se ocultan los indicadores que permitirían evaluar la calidad de la atención en función de objetivos de salud, y lo que es más grave y determinante, se pone en peligro la salud y la vida de los pacientes.
IV. El negocio del capital privado en la sanidad
La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, votada en el parlamento estatal por PP, PSOE, PNV, CiU y CC establece que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios.
La Directiva Bolkestein de la UE, que va aprobándose a trozos, impone la privatización de todos los servicios sociales y la condición de que las empresas de otros países europeos no tengan que someterse a la normativa laboral y de control de calidad del país en el que actúen sino a la del país del que procedan.
Las modificaciones realizadas en el Estatuto Marco han ido sistemáticamente dirigidas al recorte de derechos laborales. Algunos parlamentos autonómicos han ido desarrollando normativas que amplían cada vez más el margo legal de la privatización sin freno alguno, ni por parte del Ministerio de Sanidad, de la Tesorería de la Seguridad Social o Ayuntamientos en cuyo suelo, cedido gratuitamente, se ejecutan las iniciativas sanitarias y socio-sanitarias privadas.
En este escenario es en el que se produce la ofensiva privatizadora actual, que tiene carácter general, aunque los ritmos de avance están modulados por la rentabilidad para el capital de cada servicio en cada lugar y sobre todo por la oposición popular.
En la Comunidad de Madrid, a la cabeza de la privatización de la sanidad, los procedimientos utilizados son los siguientes:
La concesión de la construcción y la gestión por 30 años de los 8 nuevos hospitales a empresas privadas, la mayor parte de ellas constructoras, que huyen así de la crisis del sector. Estas empresas son Dragados, Sacyr (dos hospitales), Acciona, Begar-Ploder, FCC, Hispánica y Apax Partners. La ubicación de los hospitales y sus características no han sido el resultada de planificación, ni análisis de necesidades alguno por parte de la Consejería de Sanidad, sino de estudios de rentabilidad por parte de las empresas adjudicatarias.
La apertura de nuevos hospitales no ha supuesto un aumento, sino una disminución de camas, y no habrá más personal sanitario, ya que éste saldrá en su totalidad de los antiguos hospitales públicos que se han visto obligados al cierre de cientos de camas.
Los pliegos de condiciones no imponen a las empresas ningún tipo de mínimos en cuanto a plantillas para los servicios. Es la empresa la que aplica libremente su criterio. Los resultados son tan esperpénticos como los siguientes:
1. el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital de Arganda hubo de cerrar ante el abandono de las ginecólogas por las condiciones de trabajo; un solo facultativo para quirófano, urgencias y sala. 2. en el hospital de Parla hay una sola limpiadora para todos los servicios durante el turno de noche.
La gestión privada, es decir, la búsqueda prioritaria del beneficio, implica, no solo ahorro en recursos humanos y materiales, sino sobre todo, la selección de riesgos. Este último principio se asienta sobre un hecho determinante en la asistencia sanitaria que utilizan implacablemente las aseguradoras privadas: el 10% de la población –personas mayores y enfermos crónicos – consume el 90% de los recursos. El negocio consiste en evitarlos a toda costa, derivándoles hacia los hospitales públicos.
V. La sustitución del Derecho Público: la pólvora del rey
El asunto que determina la aberración subyacente a la gestión mediante empresas privadas de servicios públicos es la sustitución del Derecho Público por el Derecho Privado en la administración de fondos públicos. El Derecho Público establece mecanismos de control e intervención del gasto, dirigidos a impedir la actuación arbitraria de las administraciones en la gestión del patrimonio y los fondos públicos. El Derecho Privado, que regula el funcionamiento del negocio empresarial, obviamente, no los contempla. El propio interés empresarial, dirigido a la obtención de beneficios con recursos propios, procura la gestión eficiente de la empresa y se ocupa de evitar gastos superfluos.
Ambos mecanismos desaparecen en la gestión privada de servicios públicos: “se dispara con la pólvora del rey”. Los ejemplos del Hospital de Alzira y de las fundaciones gallegas, que tuvieron que ser rescatados de la bancarrota por las Consejerías de Sanidad respectivas, son una buena muestra.
De los indicadores de calidad asistencial básicos, como son la mortalidad comparada, el índice de infecciones hospitalarias, las remisiones a otros hospitales, los indicadores de personal/cama, etc. que servirían para comparar la calidad de la atención pública y privada, nada puede decirse porque no se publican.
La siguiente pregunta es: ¿son legales todos estos cambios? Este proceso de privatización de la Sanidad viene de lejos y se ha llevado a cabo tanto durante los gobiernos del PSOE como del PP y en CC.AA de todo signo político. La clave de bóveda de todo él es la Ley de Nuevas Formas de Gestión, que permite la gestión privada de cualquier centro sanitario. Medio millón de firmas se han recogido ya en www.casmadrid.org para pedir su derogación.
VI. El copago, llave maestra para la selección de pacientes.
En los últimos meses asistimos a una intensificación del rumor sordo de declaraciones a favor de introducir el copago por el uso de servicios sanitarios y el copago farmacéutico. Haciendo valer el dicho “al revés te lo digo para que me entiendas”, tras la aprobación por el Congreso de los Diputados en marzo pasado de una propuesta por la cual se rechazaba el copago en esta legislatura, se han multiplicado los informes de “expertos” y las declaraciones de personajes representantes de diferentes sectores a favor del copago.
Antes que nada es preciso aclarar el termino “copago” que, al igual que ocurre con todo lo relacionado con la privatización de la sanidad, responde al objetivo de introducir confusión y enmascarar todo lo posible la verdadera naturaleza del hecho que define. Si se habla de “introducir el copago por parte del usuario” de servicios sanitarios y medicamentos, se deduce que hasta ahora el usuario no pagaba. La falsedad es evidente: el presupuesto de sanidad que se transfiere desde el Estado a las CC.AA. se financia con los impuestos –que salen casi en su totalidad de los bolsillos de los trabajadores [1]- y con las cotizaciones a la Seguridad Social.
Lo que se pretende introducir es que los usuarios de la sanidad pública, paguemos además un ticket moderador por acceder a la consulta de atención primaria, al especialista, a las urgencias, pagar las comidas mientras estemos ingresados, un canon por las ambulancias y, sobre todo, que se elimine la gratuidad de los medicamentos para pensionistas, haciéndoles pagar un % de su precio. La gama de propuestas no se agota ahí; se habla también de establecer una “prima única para mayores de 65 años (o antes)”, establecer una lista de prestaciones básicas gratuitas, y pagar una póliza para poder acceder a las restantes (como en EE.UU.), etc.
La Brunete mediática del copago
El buque insignia está integrado por la Consejera de Sanidad del tripartito de Cataluña (PSC, ERC e ICV), el Consejero de Asturias (PSOE) y los de Madrid y País Valenciá (PP); a ellos se sumó el PNV cuando gobernaba en la Comunidad Autónoma Vasca [2]. Solamente la variada composición política de los Consejeros proponentes es suficiente para indicar el calado de la propuesta. Los cuatro se prodigan en declaraciones que reproducen ampliamente los medios de comunicación y que sirven de base a informes de “expertos”, que a su vez dan lugar a nuevas noticias.
Las declaraciones pueden verse en:
26 de octubre: “El Mº de Sanidad presenta un informe que pide el copago pero no lo defiende. Propone que los pensionistas también paguen los fármacos”. El informe es presentado por el Secretario General del Ministerio y los expertos designados por el propio Ministerio pertenecen en su mayor parte a fundaciones y consultoras privadas, entre ellas FEDEA”.
13 de noviembre. “La CEMS (confederación de sindicatos médicos) defiende el copago”.
16 de noviembre. “Expertos desempolvan el ticket moderador. El SNS tendrá un déficit de más de 50.000 euros en 2020”. Informe elaborado por FEDEA y por McKinsey&Company.
17 de noviembre. “La Convención Nacional del PP debate el copago sanitario".
24 de noviembre. “Nueve autonomías no tendrán para pagar las recetas. Sanidad está en contra del copago"
30 de noviembre. “ Salgado pide "prudencia" a la hora de plantear el copago en el SNS"
12 de diciembre. “El Partido Socialista de Cataluña asume que los pacientes deberán pagar parte de los servicios sanitarios”. Aunque la Consejera cortó el debate “para evitar costes electorales”, anunció que la propuesta de programa electoral “rompe con el modelo actual de servicios gratuitos y en el que sólo se paga una parte de los medicamentos"
La última andanada viene otra vez de la consejera de sanidad del Tripartito catalán en un artículo publicado en El País el pasado 14 de abril en el que vuelve a insistir en el copago de la mano de la insostenibilidad económica de la sanidad pública. La ofensiva mediática va a ser muy poderosa e irá dirigido a neutralizar la capacidad de respuesta popular.
Aprender del precedente del Informe Abril Martorell
La prudencia con que se apuntan las medidas de copago o de ticket moderador tienen que ver con la conciencia de se está tratando con un material humano altamente sensible: los pobres, los enfermos y, sobre todo, los pensionistas.
El Informe que aprobó hacer el Congreso con los votos de CDS y PSOE en 1991 y encargado por el Gobierno de Felipe González al banquero franquista Abril Martorell, que debía ser la “hoja de ruta” de la privatización de la sanidad, acabó siendo demonizado por todos ante la respuesta sindical (amenaza de huelga general) que suscitaron sus recomendaciones, sobre todo las referidas al copago sanitario y farmacéutico.
Los argumentos actuales hablan de la sostenibilidad del sistema, de dejar aparcada la ideología para buscar el interés general, de lo injusto de que pensionistas con rentas altas obtengan medicamentos gratis, del mal uso de los servicios sanitarios, del aumento desmesurado del gasto sanitario, de los incrementos permanentes de la factura farmacéutica,.. etc, tampoco son muy diferentes.
Lo que ocultan es que imponer el pago directo por el uso los servicios y eliminar la gratuidad de los medicamentos para pensionistas constituye la llave de oro del negocio de la privatización. Aunque la gran mayoría hable del aumento “insostenible” de la factura sanitaria y aproveche la crisis económica para enfatizar el argumento, en publicaciones restringidas se habla de que no es la búsqueda de fondos adicionales - de los que buena parte se iría en burocracia recaudatoria - el objetivo principal. Los que hablan del “imparable” aumento del gasto nada dicen de que este se haya disparado precisamente por las medidas privatizadoras y, sobre todo, en las CC.AA. en las que el proceso de privatización está más avanzado, y que la insuficiencia de recursos y la correspondiente masificación en atención primaria determine incrementos no justificados de la factura farmacéutica.
Las verdaderas razones, inconfesables, van por otros derroteros. En un sector como el sanitario en el que el una pequeña parte de la población (enfermos crónicos, personas mayores y pobres en los que es muy difícil diferencia lo social de los sanitario) consume la mayor parte de los recursos, la gallina de los huevos de oro es “disuadir económicamente” de su utilización a los sectores de población que más necesidades tienen, que más recursos consumen y a los que pagar 2 euros por consulta o el 10% de los medicamentos retrae de su utilización.
Las consecuencias de esta brutal selección de pacientes en función de su rentabilidad para el negocio privado se ocultan por parte de sus impulsores, pero no se ignoran. Estudios realizados en otros países dan cuenta de los graves perjuicios que se ocasiona a la salud, precisamente de grupos que con criterios elementales de salud pública deberían ser, por el contrario, priorizados. Algunas de ellos son: retraso en el diagnóstico de enfermedades, por el abandono de consultas preventivas; agravamiento de las patologías crónicas cuyo control periódico se abandona; incremento en la hospitalización y en el uso de urgencias, con el consiguiente incremento del gasto sanitario; abandono del uso de medicamentos, incluidos los esenciales; degradación de las prestaciones “básicas” incluidas en la póliza pública, que se convertiría en beneficencia para pobres; deterioro de la salud de los sectores de la población con menos recursos.
El largo etcétera que hay que añadir constituye el drama diario al que se tienen que enfrentar los casi 5 millones de parados y al que habrá que añadir el escándalo del copago que afectará sobre todo a los mayores.
Habrá quien crea que no se van a atrever en función del coste electoral que tal medida conllevaría, sobre todo entre los jubilados y pensionistas. En eso han pensado ya: habrá un Pacto por la Sanidad de las características del Pacto de Toledo para las pensiones, de forma que al adoptarlo todas las fuerzas políticas institucionales, al menos PSOE, PP y derechas nacionalistas, la pérdida de voto sea equitativa. Todo ello en aras de los superiores intereses del capital que son a los que verdaderamente representan.
La única duda realmente importante acerca de lo que están preparando, nos afecta a los demás: ¿Vamos a consentirlo?
lunes, 17 de mayo de 2010
400 organizaciones se unen para replantear la relación UE-Latinoamérica
Unas 700 personas asistieron ayer por la tarde al cierre de la Cumbre de los Pueblos en el Polideportivo de San Fernando de Henares, en Madrid. Finalmente, ninguno de los presidentes sudamericanos asistió a la cita. Evo Morales canceló a última hora su presencia y, en su lugar, estuvo presente su Ministro de Finanzas, Luis Arce, que fue acompañado por el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez; el ministro venezolano para Europa, Temir Porras; su homóloga ecuatoriana de Patrimonio, Fernanda Espinosa; y la senadora colombiana Piedad Córdoba. Continúa...
En sus intervenciones, los invitados coincidieron en la necesidad de revisar los Tratados de Libre Comercio que se están estableciendo entre Europa y algunos países latinoamericanos, y en la urgencia de llegar a nuevos acuerdos capaces de revertir las evidencias del cambio climático.
La Cumbre de los Pueblos se organiza como oposición a la reunión oficial UE-América Latina que se celebra estos días en Madrid. El evento, organizado por la red de organizaciones Enlazando Alternativas, viene movilizando a miles de personas desde que el pasado jueves comenzara a rodar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. El domingo, tras las deliberaciones finales de la asamblea de organizaciones, miles de personas se manifestaron por las calles de Madrid para exigir el control de los flujos financieros que, para muchos de los representantes, son el epicentro de la actual crisis económica. En estas manifestaciones, destacó la asistencia masiva de militantes del sindicato anarquista CGT.
Coincidiendo con todos estos actos, se ha celebrado de forma paralela el Tribunal Permanente de los Pueblos, un órgano no oficial que desde finales de los 70 se viene organizando con la participación de numerosos intelectuales de diferentes países que se encargan de dar veredicto sobre importantes casos que no acaban de tener curso en la justicia ordinaria. En esta ocasión, este tribunal ha condenado la casi treintena de casos de abusos de transnacionales europeas en Latinoamérica que ha analizado.
Alrededor de 400 organizaciones han formado parte de esta red de Enlazando Alternativas. Nacho Martínez, del Partido Humanista, ha destacado “la importancia de este tipo de iniciativas, que ponen de manifiesto la posibilidad de converger hacia nuevos modelos alternativos”.
En sus intervenciones, los invitados coincidieron en la necesidad de revisar los Tratados de Libre Comercio que se están estableciendo entre Europa y algunos países latinoamericanos, y en la urgencia de llegar a nuevos acuerdos capaces de revertir las evidencias del cambio climático.
La Cumbre de los Pueblos se organiza como oposición a la reunión oficial UE-América Latina que se celebra estos días en Madrid. El evento, organizado por la red de organizaciones Enlazando Alternativas, viene movilizando a miles de personas desde que el pasado jueves comenzara a rodar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. El domingo, tras las deliberaciones finales de la asamblea de organizaciones, miles de personas se manifestaron por las calles de Madrid para exigir el control de los flujos financieros que, para muchos de los representantes, son el epicentro de la actual crisis económica. En estas manifestaciones, destacó la asistencia masiva de militantes del sindicato anarquista CGT.
Coincidiendo con todos estos actos, se ha celebrado de forma paralela el Tribunal Permanente de los Pueblos, un órgano no oficial que desde finales de los 70 se viene organizando con la participación de numerosos intelectuales de diferentes países que se encargan de dar veredicto sobre importantes casos que no acaban de tener curso en la justicia ordinaria. En esta ocasión, este tribunal ha condenado la casi treintena de casos de abusos de transnacionales europeas en Latinoamérica que ha analizado.
Alrededor de 400 organizaciones han formado parte de esta red de Enlazando Alternativas. Nacho Martínez, del Partido Humanista, ha destacado “la importancia de este tipo de iniciativas, que ponen de manifiesto la posibilidad de converger hacia nuevos modelos alternativos”.
miércoles, 28 de abril de 2010
Los humanistas exigen la derogación de la Ley de Amnistía y la elección directa de jueces
La causa interpuesta al juez Baltasar Garzón ha abierto tres grandes polémicas: la de la validez de la Ley de Amnistía de 1977, la del sentido de esta imputación y la de la necesidad de democratizar el poder judicial. El Partido Humanista ha hecho público un comunicado en el que se posiciona ante estas tres cuestiones. Continúa...
PressenzaMadrid. Son numerosas las reacciones que se han producido ante el avance del recurso que pretende apartar al juez Garzón de su carrera judicial por haber puesto en marcha un proceso de revisión de la dictadura española contrario a la Ley de Amnistía de 1977. Muchos destacan la enorme desproporción existente entre la falta que se imputa al juez y la pena que se está proponiendo. Otros ponen de relieve el interés que Garzón ha mostrado por empujar casos especialmente delicados y complejos. Y, por otro lado, ya son muchas las voces que exigen la reforma del sistema de elección de jueces y fiscales.
Ésta última cuestión no es nueva, pero, a pesar de su importancia, se encuentra tremendamente olvidada. Lo cierto es que, en la actualidad, las leyes permiten que la elección de jueces y fiscales acabe recayendo sobre el poder ejecutivo, con lo cual la teórica separación de poderes queda, en la práctica, inhabilitada. Pero, ¿cuál sería la solución? En opinión de muchos, la elección directa de jueces y fiscales. Es decir, al igual que cada cierto tiempo se realizan convocatorias para elegir a diputados y senadores, sería posible que los ciudadanos eligieran a aquellos jueces que van a representarles.
Ésta es la postura del Partido Humanista, que ha aprovechado el enjuiciamiento al juez Garzón para recordar una de sus principales reivindicaciones. En un comunicado hecho público, los humanistas afirman que “estos acontecimientos vienen a mostrar la falta de independencia del poder judicial, sometido al legislativo, que es quien designa a los órganos de gobierno del judicial, los cuales, finalmente, nombran a los jueces y magistrados de cada sede judicial”. Por ello, “como uno más de los elementos de la democracia directa que defendemos, y en la búsqueda de una independencia real del poder judicial frente a los otros poderes del Estado, reclamamos que, en todos los niveles jurisdiccionales, los fiscales y jueces sean elegidos por los ciudadanos en unas elecciones con garantías de igualdad de oportunidades para la totalidad de candidatos”.
Por otra parte, los humanistas recuerdan en su comunicado que la Ley de Amnistía está por debajo de los tratados internacionales y que éstos, una vez aprobados, tienen rango constitucional, lo cual podría considerarse razón suficiente para entender que la iniciativa de Garzón no está fuera de derecho. Si a ello le sumamos las recientes sugerencias que las Naciones Unidas han realizado a España para que derogue ésta ley, es fácil concluir que el proceso que se ha lanzado contra Garzón tiene una proyección exagerada.
El comunicado concluye recordando que “han transcurrido treinta y dos años (desde la aprobación de la Ley de Amnistía) y España ha suscrito numerosos tratados internacionales incompatibles con esa ley, sin que ninguno de los partidos parlamentarios haya promovido su derogación. Es imperativo actuar de modo inmediato en ese sentido, pues la desaparición de esa norma de nuestro ordenamiento habría evitado el actual galimatías jurídico y la desprotección de las familias de las víctimas de la dictadura”.
miércoles, 21 de abril de 2010
Manifestación contra la privatización de la Sanidad en Madrid
En Madrid, mañana jueves 22 de abril, a las 19 horas, arrancará una manifestación de Cibeles convocada por numerosos colectivos para denunciar el paulatino proceso de privatización que se está produciendo en la Sanidad madrileña, como en otras comunidades españolas. Los humanistas estaremos a las 18,45 en la puerta del Banco de España. Ven y movilízate por unos servicios públicos no privatizados y de calidad para todos. Continúa...
Pásalo, que circule. Que se sepa la realidad de los nuevos hospitales.
1 -Los nuevos hospitales abiertos en la comunidad de Madrid, que son de gestión privada, han cubierto sus plazas con médicos de los hospitales públicos, que se han quedado sin buena parte de su personal. En el caso de La Paz se han ido el 40% de los médicos.
2 -A pesar de haberse ido, sus nóminas corren a cuenta de sus antiguos hospitales de origen. Es decir, esos médicos trabajan para un hospital privado pero su sueldo sale del hospital público.
3 -De momento, 3 de los hospitales privados no han abierto por falta de personal. No obstante están cobrando de la Comunidad una cuota fija diaria (a pesar de estar cerrados y sin estrenar).
4 -A pesar de la clamorosa necesidad de médicos de los hospitales públicos, para cubrir las bajas de los médicos que se fueron a los privados, tienen prohibido contratar nuevos médicos, en tanto no se cubran las plazas de todos los hospitales privados para que estos puedan empezar a funcionar.
5-Cada hospital privado cobra de la Comunidad 300 € por cada paciente que atiende, independientemente de lo que le haga (diagnostico, pruebas, consultas, etc..). Esta cuota sigue siendo 300 €, aunque lo que le hagan cueste mucho menos.
6-Cuando llega un paciente cuya prueba cuesta más de 300 €, el paciente es desviado automáticamente a un hospital público. Así el hospital nunca pierde dinero, y además no compensa en otros pacientes sus ganancias cuando ha atendido a otro paciente por menos de ese dinero (es decir que es como en el casino, (SIEMPRE GANA LA BANCA).
7-Ninguno de estos hospitales tiene laboratorio para hacer sus propios análisis de sangre, de bioquímica, citología etc..., estos servicios son contratados a empresas privadas externas que cobran sus servicios.
8-Como muchos médicos no se fían mucho de lo que hacen estas empresas externas, en la práctica es frecuente mandar las muestras para analizar por duplicado, por una parte a la empresa externa responsable de ese servicio, y por otra parte a un laboratorio amiguete de la pública del hospital de procedencia. La sanidad pública está pagando cada análisis hecho por duplicado. En definitiva, dentro de unos años no se qué tipo de médicos nos van a poder atender. Teníamos una sanidad pública que era de las mejores del mundo y no hace falta ser muy listo para sospechar hacia donde nos dirigimos.
jueves, 25 de febrero de 2010
Los humanistas salen a la calle para rechazar el aumento de la edad de jubilación
Cerca de 15.000 personas se manifestaron el martes en Madrid, como en otras ciudades, para mostrar su rechazo al plan del gobierno español de ampliar la edad de jubilación a los 67 años. Se trata de la primera manifestación que los sindicatos organizan contra una medida de Rodríguez Zapatero y han participado en ella formaciones como el Partido Humanista o Izquierda Unida. Continúa...
El Partido Humanista ha asistido a la convocatoria expresando su posición “en favor de un sistema de pensiones que pivote sobre la idea de que el derecho a percibir una pensión y el importe de ésta no esté relacionado con los años de cotización sino, simplemente, con la edad o el agotamiento producido por las características del trabajo realizado o la larga dedicación a la actividad laboral”. A través de un comunicado, los humanistas han transmitido su aspiración “a un sistema de pensiones financiado desde los presupuestos generales del Estado y no mediante el actual sistema de Seguridad Social que es fiscalmente regresivo y desalienta la contratación”.
Los grupos convocantes han coincidido en el mensaje de su protesta instando al gobierno a que actúe a través del aumento de los ingresos y no del recorte de los gastos. En su discurso de cierre, Cándido Méndez, el Secretario General de UGT, ha tildado de “amenaza” la reforma propuesta, mientras que Ignacio Fernández Toxo ha recordado que “la verdadera reforma pendiente es la del sistema financiero”.
Multitud de organizaciones dejan entrever cada vez con más claridad la necesidad de una huelga general. Sin embargo, y a pesar de las peligrosas cifras de desempleo de nuestro país, no parece que los sindicatos mayoritarios barajen realmente esta posibilidad, al contrario que en países como Grecia, donde hay convocado para hoy un paro general.
Debido a los múltiples conflictos sociales que la crisis está acarreando, el Partido Humanista ha diseñado una campaña que, con el lema “La crisis, que la paguen ellos¡”, denuncia que los principales representantes políticos y financieros son los auténticos responsables de la situación actual y es a ellos a quienes hay que presionar. Esta organización está difundiendo una campaña en la que parodian la película “Malditos bastardos” representando a algunos de los líderes actuales.
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