La causa interpuesta al juez Baltasar Garzón ha abierto tres grandes polémicas: la de la validez de la Ley de Amnistía de 1977, la del sentido de esta imputación y la de la necesidad de democratizar el poder judicial. El Partido Humanista ha hecho público un comunicado en el que se posiciona ante estas tres cuestiones. Continúa...
PressenzaMadrid. Son numerosas las reacciones que se han producido ante el avance del recurso que pretende apartar al juez Garzón de su carrera judicial por haber puesto en marcha un proceso de revisión de la dictadura española contrario a la Ley de Amnistía de 1977. Muchos destacan la enorme desproporción existente entre la falta que se imputa al juez y la pena que se está proponiendo. Otros ponen de relieve el interés que Garzón ha mostrado por empujar casos especialmente delicados y complejos. Y, por otro lado, ya son muchas las voces que exigen la reforma del sistema de elección de jueces y fiscales.
Ésta última cuestión no es nueva, pero, a pesar de su importancia, se encuentra tremendamente olvidada. Lo cierto es que, en la actualidad, las leyes permiten que la elección de jueces y fiscales acabe recayendo sobre el poder ejecutivo, con lo cual la teórica separación de poderes queda, en la práctica, inhabilitada. Pero, ¿cuál sería la solución? En opinión de muchos, la elección directa de jueces y fiscales. Es decir, al igual que cada cierto tiempo se realizan convocatorias para elegir a diputados y senadores, sería posible que los ciudadanos eligieran a aquellos jueces que van a representarles.
Ésta es la postura del Partido Humanista, que ha aprovechado el enjuiciamiento al juez Garzón para recordar una de sus principales reivindicaciones. En un comunicado hecho público, los humanistas afirman que “estos acontecimientos vienen a mostrar la falta de independencia del poder judicial, sometido al legislativo, que es quien designa a los órganos de gobierno del judicial, los cuales, finalmente, nombran a los jueces y magistrados de cada sede judicial”. Por ello, “como uno más de los elementos de la democracia directa que defendemos, y en la búsqueda de una independencia real del poder judicial frente a los otros poderes del Estado, reclamamos que, en todos los niveles jurisdiccionales, los fiscales y jueces sean elegidos por los ciudadanos en unas elecciones con garantías de igualdad de oportunidades para la totalidad de candidatos”.
Por otra parte, los humanistas recuerdan en su comunicado que la Ley de Amnistía está por debajo de los tratados internacionales y que éstos, una vez aprobados, tienen rango constitucional, lo cual podría considerarse razón suficiente para entender que la iniciativa de Garzón no está fuera de derecho. Si a ello le sumamos las recientes sugerencias que las Naciones Unidas han realizado a España para que derogue ésta ley, es fácil concluir que el proceso que se ha lanzado contra Garzón tiene una proyección exagerada.
El comunicado concluye recordando que “han transcurrido treinta y dos años (desde la aprobación de la Ley de Amnistía) y España ha suscrito numerosos tratados internacionales incompatibles con esa ley, sin que ninguno de los partidos parlamentarios haya promovido su derogación. Es imperativo actuar de modo inmediato en ese sentido, pues la desaparición de esa norma de nuestro ordenamiento habría evitado el actual galimatías jurídico y la desprotección de las familias de las víctimas de la dictadura”.