miércoles, 9 de junio de 2010

Los funcionarios españoles se ponen en huelga y salen a la calle

Bajo las consignas “Contra el recorte del gasto público, contra los recortes salariales y sociales”, hoy 8 de Junio se ha desarrollado una jornada de huelga general en toda España, en el sector de las administraciones públicas. Los sindicatos han amenazado con una huelga general para finales de este mes si Zapatero sigue tomando medidas contra los trabajadores. Continúa...



PressenzaMadrid, 2010-06-08. Bajo las consignas “Contra el recorte del gasto público, contra los recortes salariales y sociales”, ayer 8 de Junio se desarrolló una jornada de huelga general en toda España, entre los funcionarios de distintas administraciones: Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y algunas empresas públicas.

Las principales medidas del recorte adoptado por el gobierno español se centran en la rebaja de un 5% de media del sueldo de los empleados públicos (profesionales de la sanidad, la enseñanza, la seguridad, defensa, etc), la supresión de la retroactividad en cuanto a la “Ley de Dependencia” y la reducción drástica del gasto público y la inversión en infraestructuras.

A lo largo de la jornada, se han desarrollado diversas manifestaciones, concentraciones y acciones puntuales para llamar la atención sobre lo injusto de estas medidas gubernamentales, algunas de ellas muy espectaculares como la protagonizada por algunos bomberos de Madrid, que irrumpieron en la Bolsa con pancartas, en las que podía leerse "El ciudadano paga vuestra avaricia" o "Los mercados causan la crisis".

Esta jornada de paro general en el sector público ha sido convocada por los principales sindicatos: CCOO, UGT, CSIF, CGT, CSIT, además de una larga lista de pequeñas organizaciones sindicales.

A golpe de Decreto, el Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, ha incumplido los acuerdos de diálogo en el ámbito de la función pública pactados durante el pasado 2.009, y al que se acogen alrededor de 3 millones de trabajadores. Igualmente el Gobierno traiciona los compromisos electorales contraídos de ampliación de políticas sociales y vulneración de los acuerdos del “Pacto de Toledo”, que en este caso afectan principalmente a 8 millones de jubilados, congelando las obligadas subidas periódicas de las pensiones.

Para los convocantes de la huelga, este Plan de Ajuste del Gobierno, es injusto a todas luces, pues hace recaer todo el peso de las medidas anticrisis económicas en dos sectores muy vulnerables y desfavorecidos, como son jubilados y empleados públicos. Señalan los sindicatos que lejos de reducir los salarios, por el contrario habría que dignificarlos ya que en los últimos 20 años los sueldos de los empleados públicos no han subido ni mucho menos en función del coste de la vida, debiendo ser un 40 % más alto a los actuales. Además señalan que la mayor injusticia reside en hacer responsables de la crisis a empleados públicos y pensionistas, cuando los que la han provocado han sido la banca, el sector financiero y los miles de políticos que han dejado en quiebra las arcas públicas, con una deuda monstruosa e inasumible. Han recordado, además, “la enorme inyección de dinero público a la banca que realizó el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2.008 (30.000 millones de €), sector este caracterizado por la especulación despiadada, la usura, la estafa y la fuga de capital”.

Los sindicatos convocantes de la huelga general de hoy han centrado sus principales propuestas, como fórmula que garantice ingresos al Estado en:

• Velar por la transparencia de las operaciones del sector bancario y financiero.

• Recuperación del Impuesto de Sucesiones, Patrimonio y Donaciones (eliminado por el actual Gobierno).

• Lucha efectiva contra el fraude fiscal y la economía sumergida (ésta supone el 30% de la economía real).

• Mayor presión impositiva a las rentas más altas.

También avisan las centrales sindicales de que éstas, probablemente sean las primeras medidas tomadas por el Gobierno en un contexto de crisis económica profunda, y que paulatinamente irán afectando al resto de trabajadores del sector privado, vislumbrando un horizonte de despidos masivos, quiebras empresariales, precariedad laboral y pérdidas de derechos sociales y laborales, conseguidos a lo largo de tanto tiempo de reivindicación.