En medio de la más profunda de las crisis capitalistas, inmersos como estamos en una debacle financiera mundial que está destruyendo importantísimos sectores del tejido industrial, y en el contexto de un aumento del paro y la precariedad laboral y social sin precedentes, el Gobierno de la comunidad de Madrid insiste en su política de liquidación de los servicios públicos y del patrimonio común, privatizando la sanidad, la enseñanza, la administración, la televisión regional, el suministro de aguas, y, si les dejamos, hasta el aire que respiramos. Un doble contrasentido, cuando el erario público tiene que inyectar millones a las empresas especuladoras financieras para que no arrastren con su fracaso al resto de la economía en su caída. Continúa...
Vivimos un mano a mano en el que los gobiernos, independientemente de su color político, se suceden y complementan unos a otros en el desarrollo de una política común: la venta de todas las empresas públicas estratégicas (banca, transportes, energía, telecomunicaciones, etc.). Una tras otra las han ido convirtiendo en sucursales de grandes multinacionales que aplican su receta mágica para conseguir beneficios: recortes de plantilla y precariedad laboral.
Ahora, cuando centenares de miles de trabajadores se quedan sin trabajo y sin casa, es más necesaria que nunca una sólida red de servicios sociales públicos, libres de especulación y de los intereses mezquinos, bastardos y particulares que derivan del afán de lucro de las empresas que se están haciendo cargo de nuestros servicios básicos.
Mientras el proceso de privatización se ha ido extendiendo, la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública junto al pueblo de Madrid ha saltado a la calle, señalando la vinculación entre el derecho de todos a unos servicios sanitarios públicos de calidad y plantillas suficientes con condiciones laborales dignas.
Las concentraciones que se suceden cada semana en cada gran hospital, la importante manifestación del 23 de septiembre ante el hotel Ritz y el escándalo de las cargas policiales y detenciones de trabajadores en el hospital Clínico, han paralizado los afanes inauguratorios del Consejero de Sanidad y su Presidenta, viendo que les salía el tiro por la culata. La bajada de la expectativa de voto del PP en Madrid y el hecho de que la Consejería de Sanidad esté entre las peor valoradas, han llevado a Güemes a un cambio de "talante". Ha pasado de insultarnos a convocar, después de más de un año sin hacerlo, una Mesa Sectorial de la que ha salido un comunicado de buenas palabras destinado a enmascarar la realidad (dicen que la gestión mercantil de la Atención Primaria no abre el paso a la privatización) o directamente a falsearla (negando que la remodelación de los hospitales vaya acompañada de la privatización de la mayor parte o de todos los servicios).
La intención de esa reunión es bien clara: parar como sea la movilización de trabajadores y usuarios. Pero "antes se coge a un mentiroso que a un cojo". Al día siguiente, en otro Hotel, el Holiday Inn, la Consejería congregaba a las empresas para explicarles las interesantes expectativas de negocio que se abren al invertir en la sanidad pública.
Pero el dinero de la sanidad pública, pese a ser un tesoro especialmente codiciado en momentos de crisis económica, tiene un defecto, y es que se obtiene a cambio de prestar un servicio público universal. Es decir, el negocio se ve obstaculizado por personas mayores, enfermos crónicos y pobres en general, que tienen la mala costumbre de usar más los servicios sanitarios y consumir muchos recursos.
Ante ese problema, nos cuentan las bondades de la solución: hacer pagar una cantidad (que llaman "simbólica") a los pensionistas por los medicamentos, y hacer pagar a toda la población por acudir a consultas, a urgencias, etc. Como si la cantidad que Florentino Pérez considera simbólica fuera la misma para los cientos de miles de personas que cobran la pensión mínima. Cada vez más voces claman por el co-pago, y las últimas han sido las del ex Ministro de Sanidad del PSOE Julián García Vargas y los Consejeros de Sanidad de Cataluña, Madrid, Asturias y País vasco. O sea PP, PSOE y PNV, que son, junto a CiU y Coalición Canaria, otra vez los mismos grupos políticos que votaron a favor de la ley estatal 15/97 cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora.
Nosotros, usuarios y trabajadores, sabemos que los planes de la privatización generalizada de la sanidad están sostenidos por muy poderosos intereses económicos y políticos y que, precisamente en una situación de crisis económica, no se van a dar por vencidos. Sabemos también que hay que darles mucha más medicina de movilización, resistencia y lucha para conseguir, no sólo parar, sino echar marcha a tras a la privatización de la sanidad.
Por eso, porque nos jugamos mucho en ello, nos proponemos seguir exigiendo la derogación de la 15/97 y todas las demás leyes estatales y autonómicas que amparan la sustracción de nuestro derecho a la salud. Nos proponemos desenmascarar los bulos que partidos y grandes sindicatos nos venden para que comulguemos con ruedas de molino y exigirles que sean claros en sus posiciones ante la privatización .Y nos proponemos seguir extendiendo la organización y la movilización de trabajadores y usuarios, que debe ir acompañada de una gran huelga general que muestre bien a las claras que no estamos dispuestos a que sus beneficios empresariales pongan en riesgo nuestra salud.